España pone fin a los permisos humanitarios para venezolanos y cambia las reglas migratorias
Por: María José Prado
Miles de venezolanos residentes en España enfrentarán un nuevo escenario migratorio tras la entrada en vigor, este 12 de junio, de una reforma que elimina las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias otorgadas durante los últimos años.
La medida coincide con la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una normativa comunitaria que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a adaptar sus procedimientos de protección internacional y control migratorio.
Desde 2018, España concedió más de 240.000 permisos humanitarios a ciudadanos venezolanos cuyas solicitudes de asilo eran rechazadas, pero que, debido a la situación de su país de origen, recibían una protección especial que les permitía residir y trabajar legalmente en territorio español.
Con la nueva regulación, estas autorizaciones dejarán de concederse y renovarse. Además, ya no servirán como mecanismo para la reagrupación familiar, por lo que quienes actualmente cuentan con este estatus deberán acogerse a otras modalidades de residencia contempladas en la legislación española.
Nuevos procedimientos para migrantes y solicitantes de asilo
La entrada en vigor del pacto migratorio europeo también introduce cambios en la gestión de las solicitudes de protección internacional. Entre ellos destaca la creación de procedimientos de evaluación en frontera para las personas que ingresen de forma irregular o soliciten asilo en puntos de entrada al país.
Estos procesos deberán resolverse en un plazo máximo de 12 semanas. Durante ese período, los solicitantes permanecerán en instalaciones habilitadas por las autoridades mientras se analiza su situación. Aunque tendrán acceso a asistencia jurídica y otras garantías legales, no podrán ingresar formalmente al territorio español hasta que exista una resolución definitiva.
En caso de que la solicitud sea rechazada, las autoridades podrán denegar la entrada o proceder con la devolución de la persona solicitante.
La normativa también contempla procedimientos acelerados para ciudadanos de países cuyos nacionales obtienen protección internacional en menos del 20 % de los casos dentro de la Unión Europea.
España mantiene objeciones a parte del pacto
A pesar de aplicar las disposiciones obligatorias del acuerdo, el Gobierno español ha manifestado reservas sobre algunos reglamentos que aún se encuentran en proceso de aprobación definitiva.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el Reglamento de Retorno, que permitiría la creación de centros de internamiento para migrantes en países fuera de la Unión Europea con el fin de gestionar procesos de devolución.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que esta propuesta plantea interrogantes jurídicos y podría afectar derechos fundamentales de las personas migrantes. También ha expresado preocupación por la posibilidad de ampliar hasta 24 meses los períodos de privación de libertad en determinados procedimientos migratorios.
Estas objeciones fueron planteadas recientemente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una reunión de ministros europeos celebrada en Luxemburgo.
Alternativas para los venezolanos
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que la eliminación de los permisos humanitarios no dejará sin opciones de regularización a los venezolanos que residen en España.
Entre las alternativas disponibles figuran las distintas modalidades de arraigo incorporadas en la reforma del Reglamento de Extranjería, así como permisos vinculados al empleo, el emprendimiento, el teletrabajo internacional y la contratación de profesionales altamente cualificados.
Además, el Gobierno español mantiene abierto un proceso extraordinario de regularización destinado a personas que permanecen en situación administrativa irregular, una medida que podría beneficiar a cientos de miles de migrantes.
Especialistas en migración consideran que el fin de este mecanismo refleja una reevaluación de la situación venezolana por parte de las autoridades españolas, que ya no consideran vigente la excepcionalidad que justificó durante años un tratamiento diferenciado para los ciudadanos procedentes de Venezuela.
Aspectos pendientes
Aunque el pacto migratorio ya entró en vigor, España todavía trabaja en varios aspectos técnicos necesarios para su implementación completa.
Uno de ellos es la puesta en marcha del sistema Eurodac, una base de datos europea que almacenará información biométrica y huellas dactilares de migrantes irregulares para facilitar el intercambio de información entre los países miembros.
También continúa el debate sobre los mecanismos de solidaridad entre los Estados de la Unión Europea, mediante los cuales algunos países podrán recibir migrantes reubicados o aportar recursos económicos para apoyar a aquellos territorios que enfrentan una mayor presión migratoria.
