Comunicado a la opinión pública: La niñez venezolana en Colombia ante un inminente riesgo

Bogotá, 20 de enero de 2026. Colombia ha sido reconocida internacionalmente por sus avances normativos en materia de regularización migratoria frente a la llegada de más de 2,8 millones de venezolanas y venezolanos. Sin embargo, cuando la norma no se traduce en acciones concretas, la protección se convierte en un discurso vacío.

Ese es hoy el caso del PEP Tutor, un mecanismo creado para garantizar la unidad familiar y la protección integral de niños, niñas y adolescentes venezolanos que, a la fecha de este comunicado, no ha sido implementado de manera efectiva.

El PEP Tutor fue anunciado por la administración del presidente Gustavo Petro como una respuesta humanitaria y jurídica para regularizar a padres, madres o cuidadores de niños y adolescentes venezolanos que ya cuentan con estatus migratorio regular siempre y cuando los niños, hayan obtenido Permiso por Protección Temporal (PPT) antes del 31 de diciembre de 2023.

Su objetivo es claro: evitar la separación familiar y la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud y a condiciones de vida dignas.

Obstrucciones y retrasos para acceder al PEP Tutor pone en riesgo a la familia venezolana.

No obstante, la realidad en territorio dista de ese propósito. En nuestra organización que acompaña de manera permanente a familias migrantes y refugiadas, denunciamos que el PEP Tutor no está operando de forma real, generando una situación de desprotección grave y sostenida.

Gestionamos cerca de 100 solicitudes de PEP Tutor. De este total, Migración Colombia solo aprobó 6 y, hasta la fecha, no ha emitido un solo documento correspondiente.

Esto implica que, aun con decisiones favorables, las personas solicitantes permanecen en una irregularidad de facto, sin posibilidad real de trabajar formalmente, acceder plenamente al sistema de salud o ejercer derechos básicos. En la práctica, el PEP Tutor existe en la norma, pero no existe en la vida de las familias.

Las consecuencias más graves de esta inacción recaen sobre los niños, niñas y adolescentes, porque están regularizados y escolarizados, pero viven con al menos uno de sus padres en condición migratoria irregular ¿y la integración?-nos preguntamos nosotros.

Esta contradicción vulnera el principio del interés superior del niño, expone a las familias al miedo constante y profundiza círculos de exclusión y precariedad.

Resulta especialmente preocupante que esta situación se prolongue cuando la cancillería ha establecido que el plazo de solicitudes cerrará el 30 de abril de 2026. Cada día de retraso implica una nueva afectación a derechos y una distancia mayor entre la promesa institucional y su materialización.

Reiteramos que no basta con crear mecanismos: es indispensable hacerlos operativos, accesibles y oportunos. Nos ponemos a disposición como ente articulador para contribuir a soluciones que beneficien directamente a la niñez migrante.

La falta de información clara y accesible para la población, los cuellos de botella administrativos y la no emisión de documentos están desnaturalizando una política que podría ser una de las más importantes en materia de protección infantil.

Exigencias ante el Estado colombiano.

Por ello, exigimos respetuosamente pero con urgencia a Migración Colombia y a las entidades competentes:

• La implementación inmediata y efectiva del PEP Tutor.
• La emisión sin más dilaciones de los documentos aprobados.
• Transparencia sobre los tiempos reales del proceso y las causas de los retrasos.
• Un enfoque prioritario y diferenciado para familias con niños, niñas y adolescentes.

La niñez migrante no puede seguir siendo protegida solo en el papel. Cada retraso institucional tiene consecuencias reales. Defender el PEP Tutor no es un trámite administrativo: es una obligación ética, jurídica y humanitaria.