Una mujer venezolana identificada como Mariné Carolina Castellano Suárez, de 26 años, murió cruzando el Tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá.
La mujer, quien era oriunda de Cabimas, estado Zulia, viajaba con su esposo y su hijo de seis años y fue arrastrada por la corriente del río de la Selva del Darién. En declaraciones ofrecidas a Utahzolanos, el esposo de la mujer, Andrés Eduardo Lucena, dijo: «Fue muy triste. Mi esposa, nuestro hijo de seis añitos y yo, estábamos cruzando el río en la selva junto a otros migrantes más que tenían como meta llegar a los Estados Unidos, cuando el nivel del agua subió y la arrastró. No pudimos hacer nada. Mi hijo vio todo».
Asimismo, el hombre indicó que el hecho ocurrió el pasado 9 de febrero y hace pocos días fue que pudo recuperarse el cuerpo de su esposa.
«Por favor, necesitamos de sus oraciones y de cualquier apoyo económico para poder cremar el cuerpo de mi esposa. Estamos destrozados», añadió el esposo de la fallecida.
Tras el debate con candidatos a la Cámara de Representantes por Norte de Santander organizado para conocer sus propuestas con respecto a la migración venezolana, los representantes de todas las vertientes políticas se mostraron proclives a la integración de esta población y plantearon que deben ser tenidos en cuenta en la oferta social y productiva del país para que puedan salir adelante con sus familias.
Llama la atención que el tema sea uno de los pocos que logra poner de acuerdo a los candidatos de todos los espectros políticos, desde la coalición de izquierda del Pacto Histórico hasta el partido de derecha Centro Democrático, pasando por quienes representan a las opciones de centro en la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza y el partido Nuevo Liberalismo.
“Los venezolanos son nuestros hermanos y tenemos que integrarlos a nuestro país”, manifestó Marlene Flórez, candidata por el Nuevo Liberalismo, quien reconoció en esta población una lucha por salir adelante en la que ella se ve identificada.
Sobre esa lucha también se pronunció Francisco Cuadros, candidato de la Alianza Verde-Centro Esperanza. “Sabemos lo que es dejar nuestros hogares, comprendemos el dolor que sienten los venezolanos porque en nuestro país también hay 8 millones de desplazados internos”, dijo Cuadros, mientras explicó que las migraciones son en realidad oportunidades para las sociedades si se realizan las políticas públicas adecuadas. “La migración venezolana está en la edad laboral productiva que debemos aprovechar”, agregó.
Para alcanzar esa vinculación productiva, Bayron Flórez, candidato del Pacto Histórico, aseguró que las acciones del Congreso deben estar encaminadas hacia la industrialización del país y hacia la promoción del emprendimiento, de manera que se generen empleos de los que también se puedan ver beneficiados los venezolanos. “Los jóvenes recién egresados no pueden quedarse con el título debajo del brazo. Si hay más empleo, hay más oportunidades. El problema real es que con la falta de oportunidades se incrementa la violencia y el hambre”, manifestó Flórez.
Por su parte, Juan Capacho, candidato por el Centro Democrático, inició su intervención recordando que su experiencia previa incluye haber trabajado por la integración de los venezolanos asesorando al excanciller Carlos Holmes Trujillo y construyendo la política de atención a la población migrante. Sobre sus propuestas, afirmó que desde la Cámara promoverá un Plan de Reactivación Fronteriza para implementar el Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos y mantener bajas las tasas de impuestos a las empresas del departamento de manera que llegue inversión privada a crear nuevos puestos de trabajo.
“Queremos que se generen empleos a padres cabeza de hogar, a jóvenes y a migrantes en condición regular que tengan el Permiso de Permanencia. Lo que se necesitan son oportunidades para todos en las fronteras”, explicó Capacho, quien acotó en su intervención que los temas de inseguridad deben ser perseguidos por la justicia colombiana y castigados.
Para finalizar el encuentro, organizado por la Fundación Juntos Se Puede, el candidato Cuadros se mostró crítico de la gestión fronteriza que ha tenido el Gobierno de Iván Duque y explicó que cuanto antes se deben abrir los pasos formales para que los colombianos y venezolanos no tengan que cruzar a través de las trochas, a merced de los grupos armados y poniendo en riesgo sus vidas.
“Queremos que la migración y los temas de frontera sean incluidos en un capítulo especial para Norte de Santander en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley más importante de los próximos cuatro años, y que tengan presupuestos destinados con enfoque territorial para atender las necesidades alimentarias, de salud, de educación y de seguridad a través de la inclusión laboral y productiva”, concluyó Francisco Cuadros, de la Alianza Verde-Centro Esperanza.
El foro “Colombia y Venezuela: Juntos por la integración”, realizado en Cúcuta este martes 22 de febrero, fue organizado por la Fundación Juntos Se Puede y tenía como objetivo conocer la visión y las propuestas de los candidatos a la Cámara con respecto a la migración venezolana que ha llegado a Colombia en los últimos años y abogar por la integración de esta población para el desarrollo socioproductivo de Colombia.
En las últimas horas la Canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló que el país no está en la capacidad de recibir más migrantes venezolanos. El anuncio lo realizó durante el Consejo Permanente de la OEA y dijo que «es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy«.
En diálogo con La FM, el gerente de Fronteras de la presidencia de Colombia, Lucas Gómez, dio detalles de este pronunciamiento y aclaró que Colombia mantendrá las puertas abiertas para que los venezolanos puedan ingresar al país, pero que asimismo pidieron el apoyo de los países de la OEA para mantener esta situación.
«Llevamos varios años brindándole atención a los migrantes venezolanos que están llegando a nuestro país. En el Consejo Permanente de la OEA estábamos haciéndole una corresponsabilidad de los otros países miembros«, indicó.Lea También:
Con respecto a las afirmaciones de la vicepresidente sobre no poder recibir a más migrantes, Gómez aseguró que Colombia seguirá recibiendo a los venezolanos que entren, sin embargo, aseguró que no se cuentan con los recursos para apoyar su integración a la sociedad.
«No es un tema de cerrar la entrada a los migrantes. Tenemos mas de 2500 kilómetros de frontera con Venezuela, por eso el llamado que le hicimos a los países de la OEA es cómo van a seguir apoyándonos para continuar recibiendo a los migrantes venezolanos«, puntualizó.
Además, expresó que los migrantes que ingresan a Colombia, pese a tener menos capacitación, llegan cargados de sueños e incluso han generado empresas que le dan trabajo a los colombianos. Lea También:
Con respecto a la bomba social que se vive actualmente en Colombia y la guerra de la limosna y mendicidad que se puede ver en algunos migrantes y las acciones del gobierno sobre las mismas, el gerente de Fronteras aseguró que «a veces cuando uno es rico es fácil ser generoso».
«La bomba social está ahí, nuestra gran apuesta con la reactivación económica es que tiene que llegarle a todos, es una población que ya está aquí. Tenemos que salir juntos y Colombia ha decidido que la migración es una oportunidad», concluyó.
Como parte de su rutina como paciente de VIH, Miguel* fue a hacerse unos exámenes y a recoger sus antiretrovirales al hospital la semana pasada. Pero, tras años de tratamiento, esta vez no lo atendieron.
«Me dijeron que estaba incurriendo en falsa identidad, que tenía que hablar con la Registraduría (…) fui para allá y me dijeron que sí, que mi cédula estaba anulada porque mi apostilla era falsa», declara.
Como él, unos 43.000 migrantes venezolanos que obtuvieron la nacionalidad colombiana en los últimos años se enteraron este mes, sin previo aviso, que la Registraduría, el ente gubernamental encargado de las identificaciones en Colombia, les anuló la cédula.
BBC Mundo conoció casos de personas que fueron a sacar plata del banco, les negaron la transacción y llevan semanas sin dinero; que les inmovilizaron el carro y para poder sacarlo sin cédula les cobraron una millonada; que fueron detenidos por 36 horas; que no los dejaron volver a entrar al país; que no han podido registrar a sus hijos ni llevarlos al médico tras cuatro meses de nacidos.
El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, explica: «Hicimos una verificación que nos tomó 6 meses, que contó con 450 analistas, de casi 300.000 registros de extranjeros y encontramos novedades en 43.000 de ellos, sobre todo en lo que se refiere a la apostilla«.
La apostilla es un certificado otorgado por el Estado de un país para que un documento sea válido en otro. Conseguirlos en Venezuela es, al menos, una hazaña.
«Años trabajando y ahora esto»
De los seis millones de venezolanos que salieron del país por la crisis en los últimos años, un tercio vinieron a Colombia, entre otras razones porque muchos son hijos de colombianos que migraron a Venezuela por la violencia en los 80 y 90.
Pero hacerse colombianos no resultó precisamente fácil: en ambos países, los trámites para sacar y legalizar documentos requieren tiempo, esfuerzo y dinero.
Y para estos 43.000 venezolanos nacionalizados parece que la odisea no terminó cuando les entregaron su cédula: ahora, según Rodrigo Pérez, no tienen otra opción que volver a registrarse como si acabaran de migrar. Con la diferencia de que, ahora, la relación consular entre los dos países es casi nula.
«Me siento impotente y no tengo qué hacer», dice un migrante que, como muchos, pagó a un gestor en Venezuela para conseguir la apostilla.
«No estoy saliendo de mi casa por miedo de que me arresten», indica otro que se registró, al igual que muchos migrantes, sin apostilla gracias a un decreto presidencial de 2016 que flexibilizaba ese requisito.
Todos tienen una historia frustrante y en su opinión injusta: ninguno dice haber falsificado documentos, pero tienen una razón por la cual no sacaron la apostilla de manera formal.
«Es que así funcionan las cosas en Venezuela, y un poco también en Colombia», dice María Carolina Sánchez, cuyo hijo está entre los afectados. «Todo tema legislativo en estos países es sinónimo de mucho trámite, mucha espera y mucho dinero que casi nadie tiene».
«Duramos años trabajando para sacar esta nacionalidad y ahora esto, de verdad, nos dejó devastados», añade.
Pie de foto,El gobierno colombiano ha otorgado casi 500.000 permisos temporales a venezolanos para regularizarlos (con el que no pueden votar), aunque solo 200.000 lo han reclamado.
«Sin país por un burócrata»
Gabriela Arenas, directora del Taller De Aprendizaje Para Las Artes Y El Pensamiento, una fundación que apoya poblaciones vulnerables, dice que el Estado colombiano está incumpliendo el derecho constitucional a la identidad.
«Inicialmente me pareció un proceso lógico, verificar documentos es normal, pero otra cosa es cancelarle la cédula a miles de personas sin notificarles ni a ellos ni a los consulados ni a migración ni a la registraduría«, señala la activista de doble nacionalidad.
Según ella, las diferentes entidades del Estado que ejecutan la política de la Registraduría «están desarticuladas, resultando en un drama muy fuerte para mucha gente».
«Más que un problema administrativo o político, este es un tema humano que las autoridades están desconociendo», señala.
Millones de venezolanos emigrantes se han ido quedando sin los papeles de su país durante los últimos años debido a las complicaciones para renovar pasaportes y cédulas.
«Si ya el duelo migratorio es durísimo de superar, ahora los migrantes llegan a este país, al que vienen a trabajar y a ponerse la camiseta de la selección (de fútbol), y unos meses después ven que por segunda vez se quedaron sin país por culpa de un burócrata«, concluye Arenas.
«No hay otra opción»
La Registraduría, sin embargo, se acoge a lo administrativo: «Los documentos que fueron anulados no tienen otra opción que volver a ser inscritos. Si se registró con un documento con apostilla falso, debe volverse a inscribir con un documento con apostilla legítimo», señala Pérez.
En vísperas de unas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia este año, la Registraduría ha sido objeto de varias denuncias sobre cambios en los sistemas de conteo, problemas en el registro de cédulas para votar e incentivos dentro del ente para favorecer el proselitismo político.
El registrador nacional, Alexander Vega, ha dicho que «el manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse. Las garantías están dadas».
El gobierno de Iván Duque, además, defiende su política migratoria con la regularización de casi 500.000 venezolanos a través de un estatuto temporal de 10 años que les permite trabajar y acceder a servicios, entre otras cosas. Aunque no les sirve para votar.
Muchos de los colombo-venezolanos afectados por la depuración de cédulas han intentado presentar recursos de reposición, pero para algunos los 10 días que da la ley para hacerlo pasaron incluso antes de que se enterasen de la anulación.
Otros también están intentando volverse a inscribir, pero se encuentran con que, según Arenas, «los mandan a un abogado amigo del registrador (regional) o les piden una apostilla que es imposible sacar en Venezuela».
Durante varios años la apostilla en Venezuela fue un trámite mediado por mafias, citas que daban con meses o años de anticipación y una página de internet que solo funcionaba en la madrugada. El gobierno colombiano emitió decretos para omitir la apostilla si se presentaban testigos. En Venezuela reformaron el sistema.
«Pero yo ya no sé qué es lo que aplica y cuánto voy a tener que pagar en Venezuela, en dólares, para sacar eso», dice Miguel, el paciente de VIH cuyo tratamiento depende de unas medicinas que lleva tres semanas sin tomar.
Oriundo de la Guajira, un desierto que comparten los dos países, Miguel ahora pasa sus días saltando de un país al otro en busca de los documentos que le piden.
«No tengo otra opción, mi vida depende de esto, es mi salud».
La plataforma Barómetro de Xenofobia, que analiza la conversación sobre la población migrante venezolana en redes sociales, emitió una alerta sobre la exposición de los migrantes a brotes de xenofobia a cuenta de dos acontecimientos recientes.
El primero fue la decisión de la Registraduría Nacional de cancelar más de 40.000 cédulas colombo-venezolanas, al parecer por malos procedimientos a la hora de tramitar la nacionalidad. El segundo fueron las revelaciones de La W Radio sobre la contratación de migrantes para grabar propagandas de candidaturas del Centro Democrático.
Estos hechos llevaron a que las conversaciones sobre la discriminación aumentaran un 2.000 por ciento en los últimos siete días, en Twitter. Lo preocupante es que gran parte de los mensajes tienen un contenido discriminatorio y de odio.
Aumento de las conversaciones sobre discriminación. Foto: Barómetro de Xenofobia.
Entre el 8 y el 11 de febrero, muchos mensajes hicieron énfasis en el aprovechamiento político de los migrantes, se viralizaron y tuvieron un alcance de hasta 2 millones de usuarios que han rechazado la regularización de venezolanos en Colombia.
Una comunicación poco asertiva es, en parte, responsable
La semana pasada, durante la actualización y depuración del censo electoral, la Registraduría canceló 42.000 cédulas colombo-venezolanas. Para el Barómetro, el procedimiento no es criticable, pues uno de los trabajos de la Registraduría es hacer revisiones en época electoral. El problema estuvo en cómo se comunicó la decisión.
Juan David Naranjo, consultor y vocero del Barómetro, explicó a Diario Criterio que la forma en la que la entidad transmitió la información crea “un manto de dudas” sobre los ciudadanos provenientes de Venezuela y una noción de que ellos están incumpliendo la ley y que están haciendo “jugaditas” para tener una cédula y movilizarse a favor de algún sector político.
“Una vez la ciudadanía se crea ese imaginario, va a seguir reforzando esta idea de que los venezolanos son criminales, están relacionados a acciones delictivas o que están siendo instrumentalizados políticamente para que voten a favor de una vertiente”, dijo.
Para evitar la creación de ese tipo de ideas, la plataforma pidió a las entidades que trabajan con migrantes dar a conocer de manera asertiva sus decisiones para no generar estigmatización y brotes de xenofobia. Principalmente, los afectados deben recibir información clara para que puedan apelar o iniciar nuevamente el trámite.
“En últimas, si no lo hacen de esa manera, a lo que estaríamos llegando es a una xenofobia institucional o a una discriminación institucional. Se cree inmediatamente que están haciendo las cosas mal y no se les dan los caminos para que puedan obtener sus derechos”, explicó Naranjo.
Por esa razón, resulta crucial que la Registraduría contemple las dificultades de los colombo-venezolanos para comprobar su nacionalidad, porque “la realidad en el país de al lado es que las organizaciones no están funcionando de manera ideal. Y si le piden un documento apostillado, un colombo-venezolano que está en Colombia no va a tener cómo acceder a él en Venezuela”, aseguró el experto.
Ejemplos de publicaciones. Foto: Barómetro.
Las narrativas sobre la migración
Cuando los migrantes son instrumentalizados para enviar mensajes en contra de una vertiente política, se genera un sentimiento de rechazo por parte de los seguidores de esa vertiente, explicó Naranjo. “Se genera un proceso en el que se rompe el tejido social. Utilizamos a un ciudadano para crear amigos-enemigos”, dijo.
A esto se le suma que se han creado unos discursos de xenofobia bajo mitos extendidos. Por ejemplo, varios usuarios en redes creen, de forma errónea, que Iván Duque tomó la decisión de regularizar a los venezolanos para que pudieran votar a favor del partido de Gobierno.
“La regularización no les va a permitir votar a los venezolanos, les va a permitir acceder a los servicios del Estado, a educación, a una cuenta bancaria. No van a poder votar en las elecciones nacionales y mucho menos en las elecciones de 2022”, explicó Naranjo.
A partir del análisis de redes, el Barómetro también ha podido determinar que los candidatos han intentado obviar la discusión sobre Venezuela y la migración, quizá por la posibilidad de que esto lleve a reacciones desfavorables en su electorado.
Combatir la xenofobia: trabajo de todos
Para hacerle frente a la xenofobia, el Barómetro sugiere no seguir la respuesta emocional primaria, no sacar conclusiones apresuradas, evitar compartir contenidos que incentivan imaginarios negativos, demostrar respeto y empatía, no usar el término ‘xenófobo’, sino decir “suenas xenófobo”, y evitar “enseñar y predicar”.Publicidadhttps://c3fb1c301ad2e8dc63ef5759912d22b5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Naranjo dio tres recomendaciones más:
Verificar la información que se ve en redes (recomendación tanto para los ciudadanos como para los medios de comunicación).
Pensar si, por ejemplo, los colombianos también hacen lo que están haciendo los venezolanos. “No hay por qué endilgarle una nacionalidad a una conducta, si esa conducta la puede hacer un ciudadano de cualquier lugar”.
Hacer un llamado a la empatía y la compasión, que es diferente a la lástima. “Los colombianos tenemos a más de 5 millones de ciudadanos por fuera del país, por el conflicto y otros problemas. Muchos de ellos han sufrido la estigmatización en el extranjero, una discriminación que surge además de perjuicios y de falsas ideas”.
“A nosotros no nos gusta que nos traten de delincuentes o traficantes, porque la mayoría de colombianos, al igual que los venezolanos, son personas buenas”, concluyó.
El Ministerio de Salud y Protección Social continúa en la afiliación al sistema de salud para la población de migrantes venezolanos. Por eso, la entidad organizó dos jornadas con el objetivo de afiliar a 64.000 personas.
La jornada de afiliación en Medellín será en la Plaza Mayor del 16 al 20 de febrero. Iván Mesa, director de Aseguramiento en Salud, explicó “serán cinco días con el estimado de afiliar a 40.000 personas, la cuales tendrán cita previa, con el fin de mantener los aforos”.
En Cali, se llevará a cabo desde el 17 al 19 de febrero, en donde se tiene objetivo afiliar a 24.000 migrantes, con cita previa.
Para obtener la afiliación, los migrantes deberán presentar el Permiso por Protección Temporal (PPT), que es documento de identificación.
“Una vez el migrante venezolano cuente con este documento, podrá realizar la afiliación al SGSSS en la EPS de su elección que se encuentre autorizada en el lugar de residencia”, señaló Mesa.
Además, recalcó que “desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se hace un llamado a las entidades territoriales para que, a través de los instrumentos dispuestos en la actualidad, se adelanten las gestiones necesarias para que garanticen la afiliación al SGSSS de la población migrante residente en el territorio nacional”.
En estas jornadas de afiliación se contará con el concurso de todo el Gobierno Nacional, por ello el Ministerio de Salud cuenta con el apoyo de los cooperantes (Comunidades Saludables – USAID), DNP y Migración Colombia.
El Bus Colombia llegó a Norte de Santander, un departamento en el que se unen diversas problemáticas: violencia, desempleo y la migración de miles de venezolanos que huyen de la pobreza y el hambre en su país.
Desde el páramo de Berlín, a 70 km de Cúcuta, se empieza a visualizar el fenómeno que ocurre en el nororiente de Colombia.
¿Por qué salió de Venezuela? “Allá todo es en dólares, no en bolívares. Y eso no está matando”, dice.
Son caminantes, llevan una maleta cargada de sueños, pero también de dificultades. Como la desgarradora historia de Moisés.
¿Y su madre y su padre dónde están? “Yo no tengo papá y mi mamá falleció”, responde.
M
oisés tiene 19 años y la familia que le queda son estos mochileros, cuyo único objetivo es sobrevivir. “A mí me preguntan si vuelvo a Venezuela, no. Sabemos cuándo nos vamos, pero no cuándo regresamos”, dice el joven.
Es ahí donde Eduardo Espinel cumple un papel fundamental con la Casa Venezuela. “Es una casa de paso, los últimos siete años hemos ayudado a más de 700 mil migrantes. Ayudamos también a población vulnerable en diferentes enfoques”, explica Espinel.
Lilibeth Villamizar hace parte de otro colectivo de jóvenes, El derecho a no obedecer. Ella también retrata las necesidades que no solo del migrante sino de los cucuteños.
“La apatía a las personas a las que les están violando los derechos humanos. En este caso no solo los migrantes que vienen de Venezuela sino las personas que han sido víctimas del desplazamiento rural en la zona de Cúcuta y en todo el departamento de Norte de Santander”, sostiene Lilibeth.
Son necesidades que se evidencian en las cifras. El 14% de los jóvenes no estudia, ni tampoco labora. El 66% de la población de Cúcuta trabaja en la informalidad.
Son historias que retratan a una ciudad con un panorama triste, pero también jóvenes que a través del arte y la música buscan una alternativa ante tantos oídos sordos por parte de los líderes que los gobiernan.
REGISTRADURÍA NACIONAL VIOLA DERECHOS HUMANOS DE 42 MIL COLOMBIANOS DE ORIGEN VENEZOLANO RETORNADOS
Las organizaciones sociales de ciudadanos colombianos y venezolanos que operan en Colombia nos dirigimos a la opinión pública para denunciar el atropello cometido por la Registraduría Nacional del Estado Civil al cancelar más de 42 mil nacionalidades y cédulas de ciudadanía a colombianos de origen venezolano.
Esta institución alega que —al revisar la documentación de registro— encontró que estas personas no habían cumplido con los requerimientos para registrarse como ciudadanos colombianos, con derecho a cédula y otros documentos legales de identidad y nacionalidad.
Entendemos que puede haber algunos ciudadanos que obtuvieron de manera fraudulenta la nacionalidad, y creemos igualmente que sobre ellos deben recaer las sanciones correspondientes. Pero no es cierto que todas las 42.000 personas a quienes se les revocó la nacionalidad están en esa situación.
Estos colombianos son hombres y mujeres que nacieron en Venezuela descendientes de padre o madre colombianos, que constitucionalmente son colombianos por nacimiento, con la categoría especial de retornados. Pero además son retornados de Venezuela, país que se encuentra en una emergencia humanitaria compleja por la profunda crisis política, económica y social permanente, de acuerdo con lo establecido por la Organización de Naciones Unidas. Son personas con necesidad de protección internacional. Retornados porque son colombianos desde que nacieron (derecho de sangre). El Estado colombiano solo dicta un acto declarativo que les permite el ejercicio de su derecho a la nacionalidad, pero su condición de colombianos ya la tenían desde su nacimiento.
De la Registraduría Nacional ha emanado una medida ilegal, arbitraria y punitiva que viola los más elementales derechos establecidos en la Constitución colombiana y en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos. Una medida más cercana a regímenes totalitarios que a una democracia como la colombiana, que le ha abierto las puertas a la población venezolana. Esta medida, en cambio, a sus conciudadanos colombianos nacidos en Venezuela, les atribuye —sin prueba alguna y sin cumplir con las garantías judiciales— la comisión de un delito.
La ejecución de esta medida ha inducido a la detención arbitraria y vejación de ciudadanos e incrementa considerablemente los sentimientos y actitudes de xenofobia. Por otra parte, al no tener cédula, algunos ciudadanos han sido excluidos de los sistemas de salud, de sus trabajos, del sistema financiero. Se trata de la violación al derecho a la identidad, la nacionalidad, el trabajo, la salud, la educación, al voto en un año electoral y de otros derechos fundamentales. Todo ello en violación, entre otros, del artículo 96 de la Constitución Política que establece: “ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”.
Pero, además, cuando la Registraduría Nacional no discrimina a quién le aplica la medida, no se percata que está actuando contra ciudadanos colombianos que pagan impuestos, trabajan, estudian y cumplen sus obligaciones sociales y tienen familias que se verán afectadas.
Estas medidas se llevan a cabo cuando son inminentes dos procesos electorales, en los cuales los votos de los ciudadanos colombianos de origen venezolano pudieran cobrar gran importancia.
Por estas razones solicitamos formalmente de la Registraduría la nulidad de la medida y el restablecimiento del derecho violado a la gran mayoría. De la misma forma, entendemos la necesidad de sancionar a quienes ciertamente han violado las disposiciones legales.
Exhortamos a representantes de las Instituciones del Estado, y muy especialmente al Ministerio Público, a través de la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre esta arbitrariedad.
Llevaremos esta medida que viola elementales derechos ante las instituciones pertinentes colombianas y ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Firman
Alianza Humanitaria Tricolor
Asprocolcan Esal
Ávila Monserrate
Corazón Doble Tricolor
Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano
El Derecho a No Obedecer
Fraternidad venezolana
Fundación de venezolanos en Colombia
Fundación de venezolanos en el Tolima
Fundación Genval
Fundación Manitas Amarillas
Fundación Rio de agua viva, uniendo fronteras
Gran Acuerdo Venezuela
Fundación Juntos se Puede
Movimiento de mujeres lideresas venezolanas en Cartagena
ONG Mujeres de nueva luz
Solidaridad Activa
Unión de Trabajadores de Plataforma Digitales Y Mensajería
Unión de trabajadores venezolanos y colombianos retornados
Las futuras madres, migrantes venezolanas en Colombia, se encuentran la mayoría de las veces con obstáculos burocráticos y un sistema de salud que solo las atiende en elparto. En medio de este panorama, existen opciones de asistencia, la mayoría promovidas por organizaciones e instituciones no gubernamentales.
“Cuando supe que estaba embarazada lo único que hice fue llorar. A mis 40 años, luego de cuatro años duros en Colombia, en los que hasta había dormido en la calle, sencillamente no sabía qué hacer”, narra Luz Pacheco, desde La Parada, cerca de la frontera colombo-venezolana, en el séptimo mes de su segundo embarazo en más de dos décadas.
“Ni cédula tenía porque me la habían robado. Pensé en regresarme y parir en Venezuela, pero mis familiares me dijeron que me quedara aquí que allá eso estaba horrible”, agrega y su semblante revive la angustia de esos primeros días.
Así como para Pacheco, para otras futuras madres venezolanas, Colombia se ha convertido en el lugar para dar a luz una vez que huyen de la crisis económica y sanitaria del país. El Ministerio de Salud colombiano ya había determinado en 2020 que la atención a embarazadas venezolanas ocupaba la quinta parte de las más de 8 millones de asistencia para la población migrante en los últimos cuatro años.
El Observatorio Nacional de Migración y Saludreportó que entre 2017 y agosto de 2021 entre principales causas de consulta de urgencia están la asistencia materna, trastornos con el embarazo y complicaciones con el parto.
Precisamente, los servicios de emergencia son los que tienen garantizados los migrantes sin documentación y así reza la Ley 1751 de 2015 del Ministerio de Salud, aunque la Corte Constitucional ha extendido el rango de esta atención y dictaminó en la sentencia SU-677de 2017 que «los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias».
Sin embargo, en la práctica, expertos y organizaciones consultadas concuerdan que esto no se aplica en la mayoría de los casos. La protección queda principalmente en las manos de la sociedad civil e incluso, algunos activistas han recurrido de nuevo al sistema judicial para pedir protección.
“Aquí las personas sean del lugar que sean tienen acceso a salud de emergencia, ahora viene la pregunta, ¿qué es salud de emergencia? ¿El cuidado prenatal es de emergencia? Para el sistema no, aunque algunas mujeres por presentar riesgo pudieran recibir algún control”, explica Andrés Segura, consultor independiente sobre asuntos públicos y migración y quien fuese asesor de la Gerencia de Fronteras.
La definición de qué es una urgencia y cuándo puede presentarse preocupa no solo al especialista sino a las organizaciones de mujeres. Desde Barraquilla, Zuneika González, directora de Mujeres sin fronteras colombo-venezolanas, alerta sobre esta situación que deja vulnerables a las embarazadas migrantes. “No hay ese acompañamiento médico para mujeres y eso es algo que le hemos hecho saber a la Secretaría de Salud porque si una de ellas llega a dar a luz no saben con qué complicación puede venir y eso se pudo haber prevenido con control”, indica.
Las limitaciones en la infraestructura del sistema de salud, sin embargo, representan un desafío y al respecto, Selene Soto, abogada de la organización Women Link Worldwide, destaca que esta es una de las causas que ha dificultado la aplicación de precedentes como los de la Corte a lo que se suma los prejuicios contra la nacionalidad.
“Hemos identificado que hay esta idea de que ‘las mujeres venezolanas vienen a saturar el sistema de salud’ cuando en realidad son mujeres que están buscando su supervivencia”, expone.
La desinformación también juega un papel relevante en las embarazadas y muchas desconocen cómo pueden ponerse en control y qué les cubre la asistencia médica. “Lo que sucede es que no hay una política sólida para garantizar el acceso a información de manera activa para estas mujeres”, recalca Soto.
González, desde la capital del departamento del Atlántico, coincide. “La duda de toda mujer embarazada es: ‘¿a dónde voy?’, ‘¿dónde me atienden?’ El sistema de salud de Venezuela es muy distinto al colombiano y sobre todo en atención prenatal. A veces le mandan a hacer ecografías que no cubre el acuerdo o el sistema de salud y eso no lo se lo dijeron antes”, critica.
El Ministerio de Salud en 2019 había advertido sobre los obstáculos para las migrantes y en su Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio calificó como “eventos o condiciones prioritarias” en las mujeres venezolanas “la discriminación asociada a la gestación, acceso a servicios de atención, incluso para la interrupción del embarazo; licencias de maternidad y atención obstétrica asequible”. También ubicó como grupo priorizado para la prestación de servicios a “mujeres gestantes y lactantes (incluyendo casos de morbilidad materna extrema)”.
A propósito, se intentó obtener una respuesta de esta institución para conocer las acciones que adelantan y aunque recibió las preguntas, al momento de la publicación de este reportaje no había contestado.
Un muerto y un herido dejaron dos hechos violentos que se presentaron en las últimas horas en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.
Las autoridades reportaron que en uno de los pasos ilegales conocido como “La Isla” se reportó el hallazgo de un cuerpo con varios impactos de arma de fuego.
Mientras tanto en el sector de “La Platanera” un hombre resultó herido por el ataque de hombres armados y encapuchados que dispararon contra su integridad.
De los autores de estos hechos no hay pistas, en la zona las autoridades reportan una alta presencia del ELN y la banda trasnacional El Tren de Aragua que delinquen sobre la zona limítrofe.
En la zona de frontera los homicidios también van en aumento por disputa territorial ente ilegales y por la comisión de varios delitos ligados al control del narcotráfico, contrabando, secuestro expres y otros.
