Personas migrantes venezolanas y retornados colombianos recibirán atención para acceder a salud, educación, rutas de empleabilidad y emprendimiento.
Continuando con su despliegue de voluntarios en las diferentes localidades de la capital colombiana, este miércoles 27 de julio de 2022, la Fundación Juntos Se Puede realizará una jornada especial de orientación a migrantes venezolanos y retornados colombianos en Ciudad Bolívar, zona ubicada al sur de Bogotá.
Voceros de esta organización civil, que trabaja en pro de la inclusión de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, detallaron a través de sus redes sociales que en Ciudad Bolívar dicha asamblea se lleva a cabo en beneficio de la integración de estas personas.
Las personas interesadas en asistir pueden acercarse en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, a la carrera 16Q #75A- 15 sur de la localidad de Ciudad Bolívar.
Para ejecutar esta jornada en otra localidad de la capital colombiana, la Fundación Juntos Se Puede cuenta con el apoyo de la organización internacional National Endowment for Democracy (NED), enfocada en reforzar programas de tejido social para la integración de los venezolanos en Bogotá.
Las autoridades colombianas destacaron la buena implementación del Estatuto Temporal de Protección como un verdadero logro y ejemplo en materia migratoria.
Ya hay regularizadas 333.806 personas venezolanas en Colombia y más de 1,2 millones están en proceso de ello, mientras que algo más de 600.000 tienen autorización para entrar en el estatuto.
Migración Colombia reportó que ya son casi 2,5 millones de venezolanos los que están radicados en Colombia, de los cuales el 96 % han regularizado su situación y están en trámite de ello y apenas 300.000 siguen irregulares.
El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró en una rueda de prensa que el número de ciudadanos venezolanos en Colombia creció en un 34 %, respecto a la última radiografía presentada por la entidad en agosto de 2021.
Entre ese registro y el de febrero de 2022, cuando se notificaron 2.477.588 venezolanos en el país, se notificó una variación de 635.198 personas. Las autoridades migratorias destacaron la buena implementación del Estatuto Temporal de Protección, anunciado a principios del año pasado, y que pretendía la regularización de los casi 2 millones de venezolanos de los que había constancia entonces.
Espinosa aseguró que gracias a este estatuto, Colombia pasó de tener cerca de un 60 % de migrantes venezolanos en situación irregular a menos de un 12 %, “un verdadero logro y ejemplo en materia migratoria”, apuntó la organización en un comunicado.
Hasta el momento, ya hay regularizadas 333.806 personas y más de 1,2 millones están en proceso de ello, mientras que algo más de 600.000 tienen autorización para entrar en el estatuto.
El 51 % de los venezolanos en Colombia son mujeres y el porcentaje de menores “sería cercano al 15 % del total, es decir más de 600.000″, informó Migración. El Estatuto Especial de Protección permite que los venezolanos que se acojan a él tener acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra la covid-19 o la posibilidad de sacar una licencia de conducción.
La tarjeta del Estatuto de Protección, que se empezó a emitir el pasado 13 de octubre, permitirá, en teoría, mayor facilidad para acceder a contratos laborales, a las entidades de salud o a los servicios bancarios.
El anterior sistema, llamado Permiso Especial de Permanencia (PEP) era un documento físico que muchos bancos y empresas no aceptaban por su facilidad de falsificación.
Al estatuto se pueden acoger todos los migrantes venezolanos que hayan entrado al país antes de enero de 2021, pero también busca “desincentivar la irregularidad” y con ello podrán acceder además quienes ingresen al país en los dos primeros años de vigencia de forma regular, es decir, con un sello en el pasaporte.
El programa estatal seleccionó a 40 mil hogares compuestos por personas venezolanas, que recibirán desde la próxima semana el pago de hasta $ 435 mil. Les recordamos cómo verificar si es beneficiario y cómo inscribirse para aplicar a las próximas rondas.
El Ingreso Solidario, cuyo pago se hace de forma bimensual, es una ayuda oficial para las familias más vulnerables del país, y recuerde que, para poder ser beneficiario, debe cumplir con el proceso previo de haberse inscrito en el Sisbén.
Si no lo ha hecho, en este enlace podrá seguir paso a paso las instrucciones para que lo caractericen a usted y a su familia, de manera que el Gobierno nacional determine si usted realmente necesita la ayuda o no, y qué monto podría recibir.
Si usted está inscrito en el Sisbén y ya fue incluido en alguna de sus categorías, puede ser beneficiario, y debe consultar la base de datos para saber si recibirá el giro, partir del 18 de julio.
Si es así, recuerde que a su domicilio le llegará una tarjeta débito recargable o le indicará cuál es el proceso para reclamarla. Se recomienda descargar en el celular la aplicación gratuita MOVII (con doble I al final), registrase con el número de teléfono y el de su documento de identidad, para que en un plazo de aproximadamente dos días pueda ver el saldo reflejado a su favor.
En lo que resta de 2022 hay dos rondas más de pagos de Ingreso Solidario. El quinto pago, correspondiente al bimestre de septiembre y octubre se hará en la segunda semana de septiembre, mientras que el sexto y último, que cubre los meses de noviembre y diciembre, se girará en la segunda semana de noviembre.
Las vacunas componen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo al mundo, previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.
Sin embargo, para algunos países el acceso a las mismas puede ser limitado, generando la propagación de virus y pandemias, desde esa premisa y entendiendo la realidad de nuestros connacionales, Juntos Se Puede decide ponerse “manos a lo obra” y generar diversas jornadas de vacunación tanto en la casa de nuestra fundación, como en las diversas localidades de la periferia.
Sin mayor requerimiento que su voluntad, nuestros hermanos migrantes pueden ser beneficiados en diversas vacunas, entre ellas contra la influenza, influenza pediátrica, virus del papiloma humano, neumococo, sarampión, rubiola, triple viral, y las vacunas contra el covid 19: Pfizer, Sinovac, Moderna, Janseen.
Agradecemos como de forma desinteresada y a través de una gran alianza con la IPS HomeSalud logramos esta nueva gran jornada que brinda bienestar a nuestros hermanos venezolanos; Como parte de esta atención, escuchamos de la voz de uno de nuestros beneficiados José David Jerez, quien nos afirma: “Es bastante bueno no sólo porque podemos recibir la vacuna, sino porque muchos migrantes aprovechan para que sus consultas sean atendidas por el equipo de la fundación.”
Al realizar este tipo de actividades nuestra organización no solo brinda el esquema de vacunación completo, sino además nuestros hermanos pueden disfrutar de las diversas atenciones gratuitas que ofrece la institución como lo son: acceso al sistema de salud, empleabilidad, emprendimiento, regularidad, atención psicológica y jurídica, bienvenidos siempre a la casa de todos los venezolanos.
Este mecanismo crea los lineamientos de política pública para la integración socioeconómica de esta población por los próximos 10 años.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras, reveló que el Gobierno Nacional aprobó en sesión de Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la asignación presupuestal de alrededor de 13 billones de pesos para la atención de migrantes venezolanos. Los dineros, distribuidos a 10 años, están dirigidos en materia de salud, educación, trabajo, entre otros.
Este Conpes establece como política de Estado la atención a los migrantes venezolanos, y crea los lineamientos de política pública para la integración socioeconómica de esta población por los próximos 10 años.
«En sesión de Conpes, en compañía del presidente de la República, Iván Duque y varios ministros, se aprobó el documento para la integración socioeconómica de la población migrante. Este es uno de los grandes desafíos que teníamos y era dar el salto de la atención humanitaria que se dio desde los primeros días de la crisis», explicó Gómez.
De acuerdo con el gerente de Fronteras, los dineros destinados serán para entender a la población migrante venezolana que tiene vocación de permanencia en Colombia.
«Por eso sacamos el Estatuto Temporal de Protección, pero necesitábamos este paso adicional que define los lineamientos para esa integración económica», dijo el funcionario.
El Conpes involucra a los sectores de vivienda, educación, salud, trabajo, ICBF y a los ministerios de Interior, Defensa y Justicia. «Casi todos los actores gubernamentales estuvieron presentes y también, se hizo un trabajo con entidades territoriales porque esto lo hemos visto como una política de Estado y en ese sentido lo hemos proyectado a 10 años», señaló.
La medida buscará la integración socioeconómica y que prevé una inversión de alrededor de unos 13 billones de pesos, donde, según la decisión, gran parte de los recursos serán destinados a garantizar la atención en salud. «Para que los migrantes puedan recibir lo que ya están recibiendo como parte de un esquema de derechos constitucionales, pero en esta oportunidad con dignidad y visibilidad», dijo finalmente Gómez.
Hoy, participamos junto a 12 organizaciones de la sociedad civil en un encuentro con la alta consejería para las migraciones de la @alcaldiabogota y el IDPAC en donde profundizamos temas sobre la problemática que hay con nuestros connacionales, con la finalidad de crear líneas estratégicas sobre la socialización del PPT y la incidencia del mismo ante el campo laboral.
Los servicios incluyen consultas médicas generales, a mujeres gestantes, planificación familiar, consultas psicológicas y provisión de medicamentos.
La población migrante venezolana cuenta con una clínica médica que le brinda servicios de salud totalmente gratuitos en una localidad del sur de Bogotá. La atención también está dirigida a colombianos retornados y a las comunidades de acogida.
Este centro de salud fue inaugurado por la ONG Americares el pasado 7 de marzo. Ofrece atención primaria, incluidos exámenes médicos, consulta a mujeres gestantes, servicios de salud mental y entrega de medicamentos sin costo, seis días a la semana.
Este nuevo centro de salud es operado en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos. La clínica presta sus servicios en el Centro de Atención Prioritaria de Salud CAPS Manuela Beltrán, ubicado en el barrio Ciudad Bolívar, en la Carrera 44D # 69 i-16 Sur, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:30 m. y de 1:30 p. m. a 3:30 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Los pacientes atendidos por esta ONG recibirán medicamentos ordenados por profesionales para que den inicio o continuación a sus tratamientos. Para programar citas y resolver dudas con relación a los servicios ofrecidos, invitan a esta población a acercarse a la sede localizada en Ciudad Bolívar, durante los horarios establecidos.
Americares abrió su primera clínica en La Guajira en julio de 2018 por requisición del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros donantes, brindando atención médica a familias huyendo de la emergencia humanitaria en Venezuela. Actualmente, esta organización cuenta con unidades médicas en Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Vichada.
El Sisbén IV es una encuesta realizada por el gobierno colombiano para conocer las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que provienen de otros países para poder llevarles diferentes ayudas sociales
En su primer año, el Sisbén IV llegó a 30,4 millones de personas registradas, de las que 517.389 son migrantes venezolanos, es decir, 1,7% del total, ya a mitad de camino de la meta de más de 1 millón de personas que el gobierno de Colombia quiere caracterizar.
A la fecha, 68% de los migrantes que están reportados se encuentran en los grupos A y B, es decir, que viven en condiciones de pobreza extrema y moderada. Otro 25% es población catalogada como vulnerable (grupo C) y 6% como no pobre (grupo D).
Y es que estar dentro de la base de datos del nuevo Sisbén permite conocer las condiciones socioeconómicas de los migrantes para poder llevarles diferentes ayudas sociales. Hay que recordar que en la nueva clasificación se tiene en cuenta tanto la calidad de vida de los hogares, a través de dimensiones como la vivienda, la salud o la educación, como su capacidad de generación de ingresos.
“Nuestra meta es cubrir a cerca de 1,05 millones de migrantes en la base de datos del Sisbén IV, con el propósito fundamental de avanzar en la garantía de derechos básicos como, por ejemplo, salud y educación para todas las personas que habitan nuestro territorio”, dijo a El Tiempo la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero.
Además, hace unos días, el presidente Iván Duque anunció que ya se han entregado 1 millón de tarjetas que acreditan a los migrantes venezolanos con el Estatuto Temporal de Protección que los regulariza por 10 años en el país y les permite acceder a salud, educación y sistemas laborales y financieros.
No es que se les garantice ningún subsidio de primeras, sino que las entidades que administran los programas sociales son las encargadas de establecer las condiciones que deben cumplir las personas para acceder a estos programas.
Prosperidad Social indicó que en 2021 el gobierno entregó transferencias por 35.618 millones de pesos (9.435.681,92 dólares) a los migrantes registrados, lo que indica que cada día se giran 97,5 millones en ayudas, lo que es equivalente a 25.829 dólares. La mayor parte de estas (35.610 millones de pesos) fueron ayudas del programa Ingreso Solidario a más de 45.600 beneficiarios. También se dieron 5,8 millones de pesos para Jóvenes en Acción, 1,83 millones de pesos para Familias en Acción y unos 560.000 pesos en compensación del IVA.
Estar inscritos en el Sisbén también les permite estar en el régimen subsidiado de salud. En estos momentos, de acuerdo con las cifras de abril del Ministerio de Salud, en la parte contributiva, es decir, en el sistema que agrupa a los trabajadores que aportan una porción de su salario para tener cobertura, hay 232.323 personas de origen venezolano y en el subsidiado, otras 422.302. Para María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, lo más conveniente es que los venezolanos se inscriban en el Sisbén. “Es positivo que aumenten las inscripciones y que puedan entrar al sistema de seguridad social. Cualquier aumento de esta cifra garantiza una mayor protección a esta población y una mayor integración desde un plano social y de salud”, opina.
Más de 57.000 solicitudes en registros masivos
Para llegar al millón de venezolanos registrados, el DNP se alió con Migración Colombia y las alcaldías en unas jornadas de entrega del Permiso de Protección Temporal (PPT), el documento que regulariza su estado migratorio para que puedan acceder a salud, empleo y educación.
En estas jornadas, a los migrantes también se les ofrece la posibilidad de formalizar la solicitud de encuesta para el registro en el Sisbén IV. La encuesta es gratuita y tiene una duración promedio de 30 minutos.
La directora del DNP cuenta que durante todo el año van a estar acompañando las diferentes jornadas de entrega masiva como ya se hizo en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, entre otras ciudades.
“Ya hemos recibido más de 57.271 solicitudes de encuesta del Sisbén en estos espacios de jornadas masivas”, declaró Botero.
Hasta el momento, Bogotá es la ciudad en la que más venezolanos están registrados en el Sisbén IV, con 89.187 personas. Le sigue el departamento de Antioquia, donde hay registradas 67.196, y el departamento del Valle, con otras 53.806.
Radiografía de los migrantes
La situación socioeconómica actual de Venezuela ha causado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos hacia varias partes del mundo y Colombia es el principal receptor de esta migración con alrededor de 1,7 millones de personas.
Con el objetivo de dar una perspectiva general sobre su integración en el país, el DNP construyó el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (OMV), que recoge datos de los migrantes venezolanos que cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Por ejemplo, se observa que la mayor parte de los venezolanos inscritos son trabajadores independientes y que 77,8% no cotiza a pensión. Además, 57,8% no tiene seguridad social o 31,4% está en el régimen subsidiado.
La mayor parte de estos migrantes venezolanos vive en arriendo en apartamentos. Además, tiene privaciones como que 38% de los hogares no tiene gas, 21% no tiene alcantarillado y 14% no tiene un acueducto.
Son personas que en mayor proporción tienen entre 25 y 29 años. Cuentan con un nivel educativo medio, básico primaria, básico secundaria y universitario y, en su mayoría, son trabajadores independientes en el sector informal.
Aunque han existido importantes avances en la inclusión de la población venezolana en Colombia, aún existen retos y barreras que les impiden a los migrantes ejercer sus derechos y vivir de forma digna.
La crisis
La situación política y económica que ha experimentado Venezuela en los últimos años ha producido un éxodo sin precedentes en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 5,6 millones de venezolanos habían abandonado su país en junio de 2021. El 85 % de los migrantes llegaron a países latinoamericanos, siendo Colombia el país con mayor recepción en el mundo entero.
La cantidad de migrantes en el país no es del todo clara, la OIM estima que en el 2020 había alrededor de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Por su parte, Migración Colombia reporta más de 2 millones en el Registro Único para Migrantes Venezolanos –un paso obligatorio para obtener el Permiso por Protección Temporal–, aunque no todos los migrantes conocen este permiso. La cifra que podría acercarse más a la realidad, según algunas estimaciones de la firma de consultoría Oportunidad Estratégica, podría estar rondando los 2.700.000 migrantes, denotando la magnitud del desafío.
En todo caso, lo cierto es que los migrantes venezolanos viven una situación dramática en Colombia. De acuerdo con la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), la enorme mayoría de migrantes llega con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero se ven obligados a enfrentar situaciones de riesgo y vulnerabilidad que resultan en graves violaciones a los derechos humanos.
Los siguientes datos recopilados por CODHES dan cuenta de la situación a la que se enfrentan los venezolanos en Colombia:
En 2020, la tasa de homicidios de los migrantes venezolanos triplicaba la de los colombianos (62.96 vs. 21.87 personas por cada cien mil habitantes).
En el mismo año, 1.650 migrantes venezolanos fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Entre 2015 y 2020, 2.319 migrantes venezolanos fueron víctimas de violencia sexual y el 62,6 % de las víctimas fueron mujeres menores de edad.
Las barreras
Numerosos estudios han encontrado que los migrantes venezolanos enfrentan muchas barreras para integrarse en Colombia.
Una de las principales dificultades para la integración de la población migrante en el país es la inserción en el mercado laboral. De acuerdo con el DANE, el 58,9 % de la población venezolana ha presentado dificultades para encontrar un trabajo y esta cifra llega al 63,3 % en la población de 25 a 54 años, es decir, la más productiva.
Como se observa en la Gráfica 1, entre las dificultades expresadas por los migrantes sobresalen la falta de documentación, la discriminación, la falta de información para agilizar la búsqueda, la falta de experiencia y las ofertas con baja remuneración.
Gráfica 1. Dificultades para encontrar trabajo en Colombia según la población venezolana.
Por estas dificultades, muchos migrantes queden excluidos del mercado laboral o terminan en la informalidad. El Observatorio Proyecto Migración Venezuela calcula que la tasa de informalidad de los venezolanos está alrededor del 92 % y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que en el caso de los independientes llega al 98,8 %.
Actualmente, no hay consenso sobre el estado de regularización de esta población. Mientras que la FIP y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) indican que apenas 2 de cada 10 venezolanos están regularizados, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) informa que el 32 % del total de la población está regularizada y Migración Colombia sostiene que el 18,6 % de venezolanos son regulares y el 64 % están en proceso de serlo. En cualquier caso, al menos el 50 % se encuentra en el país de forma irregular.
Además de impedir que los migrantes accedan al mercado laboral formal, esta situación dificulta que accedan a los bienes y servicios del Estado y del sistema financiero. De acuerdo con el GIFMM, las personas sin estatus regular tienen más problemas para conseguir vivienda y suelen verse obligadas a pedir donaciones y recurrir a los prestamistas “gota a gota”.
Por su parte, el DANE señala que el 66,6 % de los migrantes venezolanos que viven en Colombia no está afiliado al sistema de salud. El 42,8 % de los migrantes reporta no saber cómo afiliarse, y el 26 % afirma que no puede acceder a medicina subsidiada.
A todo lo anterior se suma la xenofobia, la aporofobia y los prejuicios en contra de la población venezolana, que traen exclusión social y miedo.
La política migratoria: ¿qué falta?
Hoy, el gobierno colombiano es un referente internacional en materia de política migratoria. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha calificado la política de regularización como “valiente y sin precedentes”.
Sin embargo, esta política aún presenta limitaciones que deben ser corregidas para impulsar una verdadera integración de los migrantes. Pese a la política de “puertas abiertas” que permite que los venezolanos ingresen a Colombia sin mayores complicaciones, muchos no han podido hacerlo porque no cuentan con un pasaporte vigente o ni siquiera tienen uno.
Cuando logran ingresar al territorio colombiano, los migrantes deben regularizarse para acceder al mercado laboral formal y a los servicios provistos por el Estado. Por eso, en 2021 el gobierno anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que busca que los venezolanos se regularicen de forma definitiva. Este estatuto permite que los migrantes permanezcan en Colombia de forma regular por diez años, accedan a seguridad social, convaliden títulos profesionales, entren y salgan del país libremente, y acrediten su estatus migratorio ante las autoridades del país.
El plazo máximo para que los migrantes que ingresaron de forma irregular al país puedan registrarse y acceder a este estatuto venció en mayo del presente año, lo cual puede resultar muy grave para un conjunto de venezolanos en alto grado de vulnerabilidad que por desconocimiento, desconfianza o incapacidad tecnológica no alcanzaron a aplicar en la ventana de tiempo establecida.
A esto debe sumarse la dificultad que tienen los migrantes de conseguir la documentación que les exigen y los problemas que ha tenido Migración Colombia de operacionalizar la puesta en marcha del proceso de regularización, teniendo todavía pendiente la toma de datos biométricos y la expedición de documentos para muchos venezolanos que ya aplicaron a la iniciativa.
¿Qué hacer?
Aunque han existido inmensos avances en la inclusión de la población venezolana en Colombia, aún existen retos importantes que deben abordarse para lograr una integración efectiva de los migrantes. Estas son algunas recomendaciones que podría llevar a cabo el gobierno colombiano:
Extender el plazo para el registro de los migrantes venezolanos en condición irregular en el RUMV. El plazo actual (31 de mayo de 2022) seguramente dejó a gran parte de la población en estado irregular de forma permanente.
Acompañar esta extensión con jornadas de registro presencial y acompañamiento técnico dirigidas a la población más vulnerable haciendo un énfasis especial en las comunidades que presentan analfabetismo tecnológico o no tienen acceso a internet.
Aceptar diferentes tipos de pruebas para que las personas demuestren que se encontraban en el país antes de la fecha estipulada, por ejemplo, testimonios juramentados, fotografías, mensajes de texto, entre otras.
Llevar a cabo un estudio para evaluar la operación del Estatuto, con el fin de corregir lo que haga falta.
Aumentar la difusión de información sobre el Estatuto y evaluar estrategias nuevas para contactar a la población con mayor grado de vulnerabilidad.
Desarrollar y difundir rutas de atención institucional para la atención y reparación integral de personas venezolanas que han sido víctimas de xenofobia y que, en consecuencia, han visto vulnerados sus derechos.
Diseñar infografías y cartillas que expliquen el paso a paso de manera simple para contratar formalmente a migrantes venezolanos en Colombia.
Evaluar estrategias para acelerar los trámites de homologación de estudios y experiencia laboral en población venezolana, de manera que los migrantes puedan acceder a empleos que correspondan a sus capacidades y conocimientos.
Para la CAF, los gobiernos de Colombia, México, Panamá, Venezuela y EE.UU. deben construir alianzas de protección fronteriza de migrantes.
El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, tiene claro que «la migración a medio plazo es una buena noticia para todos los países» y pide que estos faciliten la «incorporación» al mercado laboral de los migrantes de manera rápida para evitar que sean víctimas de trata.
En una entrevista con EFE a su paso por Madrid, donde se conmemoró el 20 aniversario de la entrada de España en el banco, el colombiano analiza los grandes retos de la región y defiende que toda persona «tiene derecho a soñar con una vida mejor» y cambiar de país para conseguirlo.
CAF, con sede en Caracas y constituido en 1968, está conformado por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.
«Todos los economistas han evaluado el impacto positivo de la migración a mediano plazo para los países, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr estabilizar y dar oportunidades a la gente» que migra, así como para evitar que los migrantes caigan en las redes de trata de personas, dice.
«Hay gente dedicada a la trata de personas, lo vemos en la frontera entre México y Estados Unidos, o la de Colombia y Panamá o la de Colombia y Venezuela, es importante el diálogo entre los gobiernos y que las fronteras funcionen bien para quitar a estas personas de las manos de los traficantes«, incide.
Explica que desde el banco que dirige evalúan «constantemente» el estado de las fronteras y «ofrecen la ayuda técnica y el financiamiento necesario» a los países para detener «la forma más absurda de esclavitud contemporánea e inadmisible desde el punto de vista ético».
UNA ACOGIDA RÁPIDA EN LOS PAÍSES DE DESTINO
El exministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo pone el ejemplo de su país para recibir al millón de venezolanos que han migrado en el último año y aboga para que otros países también les «abran» la «incorporación a la sociedad».
«Es la única manera de garantizar que no exploten laboralmente a niños y a adultos, es un tema que hemos visto hace muchas décadas en todo el mundo, hay que preocuparse por un buen entendimiento de dónde está el migrante y no hacer que él mismo se sumerja en la economía», prosigue.
Cree que el migrante «ve que hay sanciones y persecuciones, se va a sumergir y ahí es donde es presa del traficante«, por ello «hay que recibirlos y darles los permisos temporales de trabajo».
Además, recuerda la necesidad de trabajar con el sector privado «para evitar prácticas de explotación y abuso, especialmente en niños«, para lo que considera clave «tener una buena trazabilidad» de los productos y «que no haya trabajo infantil».
También lamenta que «a veces una aparentemente buena acción como restringir la migración» conlleve «un deterioro de las condiciones» que «obliga a que mucha gente termine explotada» y defiende los beneficios de una migración regulada.
