Redacción basada en información publicada por El Nacional
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha abierto una investigación sobre la desaparición de varios migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, según reporta El Nacional.
Estos ciudadanos, señalados sin pruebas de pertenecer a la banda criminal “Tren de Aragua”, habrían sido enviados en vuelos en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Se teme que muchos de ellos no cuentan con acceso a abogado, ni han sido presentados ante un juez, lo que podría configurarse como desaparición forzada, advierten organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal.
Se estima que más de 230 migrantes fueron deportados en esta operación ejecutada bajo la invocación de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a órdenes judiciales en Estados Unidos que exigían frenar los vuelos. Las familias de los afectados han expresado alarma por la falta de información sobre el paradero y el estado de sus seres queridos, incluidas situaciones extremas en las condiciones de detención.
Venezuela, a través del embajador Alexander Yánez ante la ONU, calificó esta situación como “secuestro” y “crimen de lesa humanidad”, denunciando que se ha vulnerado el debido proceso y que los migrantes fueron enviados a “campos de concentración” sin justificación legal. También exigió acceso inmediato a información y protección para los deportados.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que los traslados internacionales deben respetar el debido proceso, los derechos fundamentales y la no devolución a lugares donde puedan sufrir daños, y señaló que ACNUR estará atento a la situación.
La UNC puede tardar varias semanas en emitir una conclusión formal sobre si estos hechos constituyen desaparición forzada o violaciones graves a derechos humanos.
ogotá, 17 de junio de 2025 – Una reciente encuesta muestra un cambio notable en las aspiraciones migratorias de los venezolanos: Estados Unidos perdió terreno, y España se consolidó como el país favorito para emigrar durante 2025.
Según el informe, realizado a fines de enero de este año, España fue elegida por el 26 % de los participantes como principal destino migratorio, superando por primera vez a Estados Unidos, que ahora figura con apenas el 11 %. En paralelo, otros destinos latinoamericanos también ganaron relevancia: Brasil subió al 16 % y Colombia se mantuvo en el 13 %.
Este viraje en las preferencias se atribuye principalmente al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, especialmente tras el retorno de Donald Trump al poder, lo cual ha generado desconfianza entre quienes consideraban emigrar al norte. En contraste, España ofrece ventajas en idioma, cultura, marcos legales de acogida y oportunidades de integración, factores que explican su creciente popularidad.
El sondeo, a cargo de la firma Poder & Estrategia, encuestó a más de 1.000 personas y reveló que un 18 % de los encuestados planea emigrar, cifra que alcanza el 40 % entre jóvenes menores de 30 años.
El gobierno de Estados Unidos ha ordenado la salida inmediata de más de 500.000 personas originarias de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, quienes residían en el país bajo el programa de «parole humanitario», una medida que había sido implementada por la administración de Joe Biden para permitir ingresos temporales por razones humanitarias.
Según informó BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) inició la revocatoria de este beneficio, enviando notificaciones oficiales a los beneficiarios para que abandonen el territorio estadounidense. La medida afecta a cientos de miles de migrantes que se encontraban en situación regular gracias a este permiso temporal.
El programa de parole humanitario había sido concebido como una vía legal y controlada para el ingreso de personas afectadas por crisis humanitarias en sus países de origen. Sin embargo, la administración actual ha decidido suspender esta política en medio de crecientes presiones políticas internas y cambios en la estrategia migratoria.
Aunque no se han precisado los plazos exactos para el cumplimiento de las órdenes de salida, organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión, especialmente en comunidades que habían comenzado a estabilizar sus vidas en Estados Unidos.
La noticia fue publicada inicialmente por BBC Mundo. Puedes consultar el artículo completo en su sitio web: BBC Mundo.
Redacción basada en información de Redacción NTN24
Nueva York, 13 de junio de 2025 – Una inmigrante venezolana se desplomó en llanto y clamó desesperadamente “¿por qué?” después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaran a su hermano a las afueras de un tribunal de inmigración en Manhattan, donde él se encontraba tramitando su situación legal en Estados Unidos.
El joven, de nacionalidad venezolana y en proceso de regularización, fue detenido inmediatamente tras participar en una audiencia judicial. En el acto, otro inmigrante también fue arrestado por agentes cuya identidad se mantenía encubierta ntn24.com.
El episodio, transmitido en video, muestra a la mujer en un profundo estado de angustia, cuestionando con voz entrecortada la detención de su hermano, mientras los oficiales procedían con el arresto. La escena refleja la creciente tensión y miedo que enfrentan muchas familias migrantes en Estados Unidos, incluso durante procesos legales en tribunales.
La información fue publicada originalmente por Redacción NTN24. Consulta el artículo completo en el enlace original.
La comunidad venezolana en Estados Unidos expresa su decepción luego de que el presidente Donald Trump eliminara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 348.000 venezolanos, quienes deberán abandonar el país antes del 7 de abril si no logran regularizar su situación.
La medida se suma a la suspensión del parole humanitario, generando indignación entre activistas, quienes acusan a Trump de haber usado el apoyo venezolano en su campaña. Líderes comunitarios en Miami, como Adelys Ferro, denuncian que la decisión pone en riesgo a miles de familias que confiaron en las promesas del expresidente.
Panamá analiza la posibilidad de trasladar a venezolanos de regreso a su país, ya sea directamente o a través de un tercer país, debido al aumento del flujo migratorio inverso tras las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Aunque no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, la Cancillería panameña busca establecer contactos para coordinar el retorno. En una reunión con autoridades de Costa Rica, se estableció un protocolo para concentrar a los migrantes en albergues antes de ser enviados en vuelos financiados por EE.UU. El flujo de migrantes que cruzan el Darién ha disminuido drásticamente, reflejando el impacto de estas nuevas políticas.
Fundación Juntos se Puede presenta su informe de gestión: “En Cifras 2024” que revela los principales desafíos de los refugiados en el país y propone estrategias para fortalecer su integración
La Universidad Sergio Arboleda fue el escenario del evento «Migración Venezolana: Impacto para Colombia 2024 – 2025», un espacio de análisis y discusión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en la recepción de ciudadanos venezolanos. La jornada estuvo marcada por la presentación del informe «En Cifras 2024» de la Fundación Juntos Se Puede, así como por un panel de expertos que abordó la situación migratoria desde diversas perspectivas.
El evento fue inaugurado por el Dr. Sergio Duque, director del MBA de la PRIME Business School de la Universidad Sergio Arboleda, y el Dr. Andrés Segura, gerente de Migración de la Alcaldía de Bogotá. Ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer estrategias de integración para la población migrante.
Presentación del informe «En Cifras 2024»
Ana Karina García Martínez, directora de la Fundación Juntos Se Puede, expuso los hallazgos del informe «En Cifras 2024», que reveló que más del 87% de los migrantes venezolanos en Colombia no cuenta con pasaporte, lo que dificulta su regularización y acceso a servicios esenciales. Además, se destacó que el 61,04% de los migrantes pertenece al estrato socioeconómico 2 y que el 75,92% de los hogares atendidos por la fundación son liderados por mujeres.
Durante su intervención, García Martínez enfatizó que en 2024 se brindaron 40.596 atenciones integrales a más de 11.177 personas, con un costo promedio de 34 dólares por persona, una cifra nunca antes alcanzada por ningún Estado receptor y que catapulta a la Fundación como un ejemplo a seguir en cuanto a eficiencia en materia de protección. También destacó que se entregaron 4.594 kits de medicamentos, se realizaron 717 consultas de medicina general y se llevaron a cabo 1.310 controles prenatales. En el ámbito educativo, se facilitó la inscripción de 276 niños y adolescentes en instituciones educativas y se apoyó a más de 664 migrantes en su proceso de inserción laboral.
Panel de discusión: impacto para Colombia de la dictadura venezolana
El panel, moderado por el periodista Halim Naim, contó con la participación de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch; Ronal F. Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario; y Gaby Arellano, política venezolana refugiada en Colombia.
Goebertus destacó que «la migración no es un problema, sino una oportunidad; el verdadero problema son los regímenes que expulsan a sus ciudadanos», enfatizando la importancia de políticas de acogida integrales. Por su parte, Ronal Rodríguez señaló el impacto de los grupos armados en la frontera, subrayando que «la falta de control estatal favorece la vulnerabilidad de los migrantes».
Desde su experiencia como refugiada y política, Gaby Arellano hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de protección y regularización: «No se trata de medidas que venzan a corto plazo, pasas del Permiso de protección temporal (PPT) al PEP Permiso Especial de Permanencia, es caminar hacia atrás».
Conclusiones y llamados a la acción
El evento concluyó con un llamado a la acción por parte de los ponentes, quienes coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de refugio en Colombia, garantizar la protección de los migrantes y facilitar su integración económica y social. Se instó a las autoridades a diseñar políticas que permitan regularizar a los migrantes sin la exigencia exacerbadas, considerando las dificultades de vividas en Venezuela.
Freider Gandica, vice director de la Fundación Juntos Se Puede, animó a los asistentes a aplaudir al equipo de la fundación por la gran labor realizada durante todo el 2024. Por su parte, Ricardo Lozano, oficial de Migración, elogió la constancia de la fundación y puso a disposición todos los recursos posibles dentro del alcance de Migración Colombia para apoyar a la comunidad venezolana.
El evento «Migración Venezolana: Impacto para Colombia 2024 – 2025» logró visibilizar los retos y oportunidades que enfrenta el país ante el fenómeno migratorio, dejando claro que la clave para el futuro radica en la integración y protección de quienes han tenido que abandonar su hogar en busca de un mejor porvenir.
En el foro realizado en Bogotá, contó con la presencia virtual de la dirigencia venezolana, además líderes y periodistas que expusieron testimonios desgarradores sobre la persecución en Venezuela, enfatizando la urgencia de abordar la crisis humanitaria y política que afecta a millones.
La Fundación Juntos se Puede, en colaboración con la Fundación Innovación para el Desarrollo, organizó el foro “90 días, voces y retos” el 28 de octubre en el World Trade Center de Bogotá. Este evento conmemoró los 90 días transcurridos desde las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, brindando un espacio para que las voces de quienes han sufrido la persecución del régimen de Nicolás Maduro sean escuchadas.
La directora de la Fundación Juntos se Puede, Ana Karina García, inauguró el evento subrayando la urgente necesidad de abordar la crisis humanitaria y política que enfrenta Venezuela. Destacó que “Maduro no gobierna para los venezolanos” y que el estado está dedicado a separar familias. “Este foro busca escuchar a quienes han sufrido la persecución, reflexionar sobre la libertad de expresión y el acceso a la información, así como los retos del periodismo colombiano en la cobertura de estos temas”, subrayó.
El foro se estructuró en tres paneles que abordaron la situación actual en Venezuela desde diferentes perspectivas. El primer panel, moderado por la reconocida Gabriela Fiebres Cordero, contó con testimonios conmovedores de perseguidos políticos. Francisco Oropeza, alcalde del municipio Torres en Lara, relató su experiencia: “Mis hijas de 10 y 12 años fueron perseguidas, y rescatadas por los vecinos.
Tuvimos que salir del país”. Por su parte, el periodista Halim Naim, conocido por sus preguntas ásperas, tuvo que abandonar Venezuela por amenazas a su vida, expresó: “Salí sin mi familia, se cumplen 90 días sin poder darles un abrazo, no es justo que al llegar aquí me encuentra venezolanos en estado de mendicidad legal y además un gobierno colombiano tibio que más bien parece cómplice de la situación”.
El segundo panel, moderado por el periodista venezolano Carlos Eduardo Rodríguez, incluyó a periodistas colombianos que cubren la crisis venezolana. Andrea Nieto criticó la falta de comprensión de la situación: “Tenemos un presidente que tuvo la desfachatez de decir que los 8 millones de venezolanos que salieron del país lo hicieron porque estaban buscando agua”.
El tercer panel político, a cargo de la diputada venezolana Gaby Arellano, contó con la participación de la senadoras colombiana, Paola Holguín y la representante Catherine Juvinao, quienes discutieron la necesidad de una respuesta más firme ante la crisis. Holguín afirmó: “Si no regresa la libertad en Venezuela, no vamos a tener paz en Colombia”. Juvinao añadió que “mientras Colombia siga siendo tibio, no habrá paz en Venezuela”.
La reciente encuesta del DANE revela que un alto porcentaje de migrantes venezolanos encuentra dificultades para acceder a empleo en Colombia, debido a la falta de documentación, remuneraciones bajas y discriminación. A pesar de los obstáculos, la mayoría expresa su intención de permanecer en el país por al menos un año.
Bogotá
Casi la mitad de los migrantes venezolanos enfrenta serias dificultades para encontrar empleo en Colombia, según los resultados de la séptima ronda de la encuesta Pulso de la Migración, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y publicada el 10 de octubre.
La encuesta revela que el 48,5% de los encuestados, que incluye un 47,1% de mujeres y un 49,9% de hombres, ha tenido problemas para conseguir trabajo. Las personas de entre 25 y 54 años son las que más enfrentan estas dificultades, representando el 54,0%.
Realizada entre abril y junio de este año en 23 ciudades, la encuesta incluyó a 8.022 migrantes venezolanos mayores de 15 años. El DANE indica que su objetivo es diseñar políticas más efectivas y dar a conocer las condiciones de vida de los migrantes.
Entre las barreras identificadas, el 48,5% menciona la falta de documentación requerida, el 26% se queja de las bajas remuneraciones y el 23,6% reporta discriminación por su nacionalidad. Los migrantes también señalan dificultades para obtener permisos de trabajo y certificaciones laborales.
A pesar de estos obstáculos, el 80,6% de los encuestados afirma que tiene la intención de quedarse en Colombia por al menos un año. Esta cifra es aún mayor entre quienes tienen 55 años o más, con un 82% de intención de permanencia. Las principales razones para quedarse incluyen las mejores condiciones económicas (49%) y la adaptación al nuevo país (17,7%).
Colombia es el principal país receptor de migrantes venezolanos, albergando alrededor del 36% de la diáspora, es decir, 2.813.997 personas, según estimaciones de la Plataforma R4V.
Esta encuesta también brinda información sobre la situación migratoria, características del hogar y percepción de discriminación, entre otros aspectos.
Un reciente estudio del DANE revela que un porcentaje significativo de migrantes venezolanos trabaja en condiciones informales, con solo un 22% en empleos regulados.
Bogotá
Ocho de cada diez venezolanos que residen en Colombia tienen empleos informales, según un nuevo análisis de la encuesta Pulso de la Migración del DANE, realizado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe revela que el 59,6% de los encuestados ha trabajado en la última semana.
Este estudio señala que el 78% de los trabajadores venezolanos están vinculados de manera informal, mientras que solo el 22% posee un contrato laboral. Las razones principales para permanecer en Colombia incluyen las condiciones favorables (49%), ya estar establecidos en el país (17,7%) y la difícil situación socioeconómica en Venezuela (17,1%).
Además, datos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario indican que el 55% de los venezolanos que laboran en el país lo hacen por más de 50 horas semanales. María Clara Robayo, del observatorio, enfatizó la necesidad de recopilar y publicar información sobre la migración, no solo en cifras generales, sino también en cómo los migrantes acceden a derechos y servicios.
Felipe Muñoz, del BID, destacó que los sistemas de certificación y reconocimiento de habilidades siguen siendo barreras que limitan el acceso al mercado laboral, lo que impacta en la cohesión social y la integración.
Finalmente, informes de la ONU y la Alcaldía de Medellín señalan que en el área metropolitana viven 238,000 venezolanos, con más del 65% en la informalidad laboral.
