Este mecanismo crea los lineamientos de política pública para la integración socioeconómica de esta población por los próximos 10 años.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras, reveló que el Gobierno Nacional aprobó en sesión de Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la asignación presupuestal de alrededor de 13 billones de pesos para la atención de migrantes venezolanos. Los dineros, distribuidos a 10 años, están dirigidos en materia de salud, educación, trabajo, entre otros.
Este Conpes establece como política de Estado la atención a los migrantes venezolanos, y crea los lineamientos de política pública para la integración socioeconómica de esta población por los próximos 10 años.
«En sesión de Conpes, en compañía del presidente de la República, Iván Duque y varios ministros, se aprobó el documento para la integración socioeconómica de la población migrante. Este es uno de los grandes desafíos que teníamos y era dar el salto de la atención humanitaria que se dio desde los primeros días de la crisis», explicó Gómez.
De acuerdo con el gerente de Fronteras, los dineros destinados serán para entender a la población migrante venezolana que tiene vocación de permanencia en Colombia.
«Por eso sacamos el Estatuto Temporal de Protección, pero necesitábamos este paso adicional que define los lineamientos para esa integración económica», dijo el funcionario.
El Conpes involucra a los sectores de vivienda, educación, salud, trabajo, ICBF y a los ministerios de Interior, Defensa y Justicia. «Casi todos los actores gubernamentales estuvieron presentes y también, se hizo un trabajo con entidades territoriales porque esto lo hemos visto como una política de Estado y en ese sentido lo hemos proyectado a 10 años», señaló.
La medida buscará la integración socioeconómica y que prevé una inversión de alrededor de unos 13 billones de pesos, donde, según la decisión, gran parte de los recursos serán destinados a garantizar la atención en salud. «Para que los migrantes puedan recibir lo que ya están recibiendo como parte de un esquema de derechos constitucionales, pero en esta oportunidad con dignidad y visibilidad», dijo finalmente Gómez.
Hoy, participamos junto a 12 organizaciones de la sociedad civil en un encuentro con la alta consejería para las migraciones de la @alcaldiabogota y el IDPAC en donde profundizamos temas sobre la problemática que hay con nuestros connacionales, con la finalidad de crear líneas estratégicas sobre la socialización del PPT y la incidencia del mismo ante el campo laboral.
Los servicios incluyen consultas médicas generales, a mujeres gestantes, planificación familiar, consultas psicológicas y provisión de medicamentos.
La población migrante venezolana cuenta con una clínica médica que le brinda servicios de salud totalmente gratuitos en una localidad del sur de Bogotá. La atención también está dirigida a colombianos retornados y a las comunidades de acogida.
Este centro de salud fue inaugurado por la ONG Americares el pasado 7 de marzo. Ofrece atención primaria, incluidos exámenes médicos, consulta a mujeres gestantes, servicios de salud mental y entrega de medicamentos sin costo, seis días a la semana.
Este nuevo centro de salud es operado en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos. La clínica presta sus servicios en el Centro de Atención Prioritaria de Salud CAPS Manuela Beltrán, ubicado en el barrio Ciudad Bolívar, en la Carrera 44D # 69 i-16 Sur, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:30 m. y de 1:30 p. m. a 3:30 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Los pacientes atendidos por esta ONG recibirán medicamentos ordenados por profesionales para que den inicio o continuación a sus tratamientos. Para programar citas y resolver dudas con relación a los servicios ofrecidos, invitan a esta población a acercarse a la sede localizada en Ciudad Bolívar, durante los horarios establecidos.
Americares abrió su primera clínica en La Guajira en julio de 2018 por requisición del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros donantes, brindando atención médica a familias huyendo de la emergencia humanitaria en Venezuela. Actualmente, esta organización cuenta con unidades médicas en Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Vichada.
El Sisbén IV es una encuesta realizada por el gobierno colombiano para conocer las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que provienen de otros países para poder llevarles diferentes ayudas sociales
En su primer año, el Sisbén IV llegó a 30,4 millones de personas registradas, de las que 517.389 son migrantes venezolanos, es decir, 1,7% del total, ya a mitad de camino de la meta de más de 1 millón de personas que el gobierno de Colombia quiere caracterizar.
A la fecha, 68% de los migrantes que están reportados se encuentran en los grupos A y B, es decir, que viven en condiciones de pobreza extrema y moderada. Otro 25% es población catalogada como vulnerable (grupo C) y 6% como no pobre (grupo D).
Y es que estar dentro de la base de datos del nuevo Sisbén permite conocer las condiciones socioeconómicas de los migrantes para poder llevarles diferentes ayudas sociales. Hay que recordar que en la nueva clasificación se tiene en cuenta tanto la calidad de vida de los hogares, a través de dimensiones como la vivienda, la salud o la educación, como su capacidad de generación de ingresos.
“Nuestra meta es cubrir a cerca de 1,05 millones de migrantes en la base de datos del Sisbén IV, con el propósito fundamental de avanzar en la garantía de derechos básicos como, por ejemplo, salud y educación para todas las personas que habitan nuestro territorio”, dijo a El Tiempo la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero.
Además, hace unos días, el presidente Iván Duque anunció que ya se han entregado 1 millón de tarjetas que acreditan a los migrantes venezolanos con el Estatuto Temporal de Protección que los regulariza por 10 años en el país y les permite acceder a salud, educación y sistemas laborales y financieros.
No es que se les garantice ningún subsidio de primeras, sino que las entidades que administran los programas sociales son las encargadas de establecer las condiciones que deben cumplir las personas para acceder a estos programas.
Prosperidad Social indicó que en 2021 el gobierno entregó transferencias por 35.618 millones de pesos (9.435.681,92 dólares) a los migrantes registrados, lo que indica que cada día se giran 97,5 millones en ayudas, lo que es equivalente a 25.829 dólares. La mayor parte de estas (35.610 millones de pesos) fueron ayudas del programa Ingreso Solidario a más de 45.600 beneficiarios. También se dieron 5,8 millones de pesos para Jóvenes en Acción, 1,83 millones de pesos para Familias en Acción y unos 560.000 pesos en compensación del IVA.
Estar inscritos en el Sisbén también les permite estar en el régimen subsidiado de salud. En estos momentos, de acuerdo con las cifras de abril del Ministerio de Salud, en la parte contributiva, es decir, en el sistema que agrupa a los trabajadores que aportan una porción de su salario para tener cobertura, hay 232.323 personas de origen venezolano y en el subsidiado, otras 422.302. Para María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, lo más conveniente es que los venezolanos se inscriban en el Sisbén. “Es positivo que aumenten las inscripciones y que puedan entrar al sistema de seguridad social. Cualquier aumento de esta cifra garantiza una mayor protección a esta población y una mayor integración desde un plano social y de salud”, opina.
Más de 57.000 solicitudes en registros masivos
Para llegar al millón de venezolanos registrados, el DNP se alió con Migración Colombia y las alcaldías en unas jornadas de entrega del Permiso de Protección Temporal (PPT), el documento que regulariza su estado migratorio para que puedan acceder a salud, empleo y educación.
En estas jornadas, a los migrantes también se les ofrece la posibilidad de formalizar la solicitud de encuesta para el registro en el Sisbén IV. La encuesta es gratuita y tiene una duración promedio de 30 minutos.
La directora del DNP cuenta que durante todo el año van a estar acompañando las diferentes jornadas de entrega masiva como ya se hizo en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, entre otras ciudades.
“Ya hemos recibido más de 57.271 solicitudes de encuesta del Sisbén en estos espacios de jornadas masivas”, declaró Botero.
Hasta el momento, Bogotá es la ciudad en la que más venezolanos están registrados en el Sisbén IV, con 89.187 personas. Le sigue el departamento de Antioquia, donde hay registradas 67.196, y el departamento del Valle, con otras 53.806.
Radiografía de los migrantes
La situación socioeconómica actual de Venezuela ha causado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos hacia varias partes del mundo y Colombia es el principal receptor de esta migración con alrededor de 1,7 millones de personas.
Con el objetivo de dar una perspectiva general sobre su integración en el país, el DNP construyó el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (OMV), que recoge datos de los migrantes venezolanos que cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Por ejemplo, se observa que la mayor parte de los venezolanos inscritos son trabajadores independientes y que 77,8% no cotiza a pensión. Además, 57,8% no tiene seguridad social o 31,4% está en el régimen subsidiado.
La mayor parte de estos migrantes venezolanos vive en arriendo en apartamentos. Además, tiene privaciones como que 38% de los hogares no tiene gas, 21% no tiene alcantarillado y 14% no tiene un acueducto.
Son personas que en mayor proporción tienen entre 25 y 29 años. Cuentan con un nivel educativo medio, básico primaria, básico secundaria y universitario y, en su mayoría, son trabajadores independientes en el sector informal.
Aunque han existido importantes avances en la inclusión de la población venezolana en Colombia, aún existen retos y barreras que les impiden a los migrantes ejercer sus derechos y vivir de forma digna.
La crisis
La situación política y económica que ha experimentado Venezuela en los últimos años ha producido un éxodo sin precedentes en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 5,6 millones de venezolanos habían abandonado su país en junio de 2021. El 85 % de los migrantes llegaron a países latinoamericanos, siendo Colombia el país con mayor recepción en el mundo entero.
La cantidad de migrantes en el país no es del todo clara, la OIM estima que en el 2020 había alrededor de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Por su parte, Migración Colombia reporta más de 2 millones en el Registro Único para Migrantes Venezolanos –un paso obligatorio para obtener el Permiso por Protección Temporal–, aunque no todos los migrantes conocen este permiso. La cifra que podría acercarse más a la realidad, según algunas estimaciones de la firma de consultoría Oportunidad Estratégica, podría estar rondando los 2.700.000 migrantes, denotando la magnitud del desafío.
En todo caso, lo cierto es que los migrantes venezolanos viven una situación dramática en Colombia. De acuerdo con la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), la enorme mayoría de migrantes llega con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero se ven obligados a enfrentar situaciones de riesgo y vulnerabilidad que resultan en graves violaciones a los derechos humanos.
Los siguientes datos recopilados por CODHES dan cuenta de la situación a la que se enfrentan los venezolanos en Colombia:
En 2020, la tasa de homicidios de los migrantes venezolanos triplicaba la de los colombianos (62.96 vs. 21.87 personas por cada cien mil habitantes).
En el mismo año, 1.650 migrantes venezolanos fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Entre 2015 y 2020, 2.319 migrantes venezolanos fueron víctimas de violencia sexual y el 62,6 % de las víctimas fueron mujeres menores de edad.
Las barreras
Numerosos estudios han encontrado que los migrantes venezolanos enfrentan muchas barreras para integrarse en Colombia.
Una de las principales dificultades para la integración de la población migrante en el país es la inserción en el mercado laboral. De acuerdo con el DANE, el 58,9 % de la población venezolana ha presentado dificultades para encontrar un trabajo y esta cifra llega al 63,3 % en la población de 25 a 54 años, es decir, la más productiva.
Como se observa en la Gráfica 1, entre las dificultades expresadas por los migrantes sobresalen la falta de documentación, la discriminación, la falta de información para agilizar la búsqueda, la falta de experiencia y las ofertas con baja remuneración.
Gráfica 1. Dificultades para encontrar trabajo en Colombia según la población venezolana.
Por estas dificultades, muchos migrantes queden excluidos del mercado laboral o terminan en la informalidad. El Observatorio Proyecto Migración Venezuela calcula que la tasa de informalidad de los venezolanos está alrededor del 92 % y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que en el caso de los independientes llega al 98,8 %.
Actualmente, no hay consenso sobre el estado de regularización de esta población. Mientras que la FIP y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) indican que apenas 2 de cada 10 venezolanos están regularizados, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) informa que el 32 % del total de la población está regularizada y Migración Colombia sostiene que el 18,6 % de venezolanos son regulares y el 64 % están en proceso de serlo. En cualquier caso, al menos el 50 % se encuentra en el país de forma irregular.
Además de impedir que los migrantes accedan al mercado laboral formal, esta situación dificulta que accedan a los bienes y servicios del Estado y del sistema financiero. De acuerdo con el GIFMM, las personas sin estatus regular tienen más problemas para conseguir vivienda y suelen verse obligadas a pedir donaciones y recurrir a los prestamistas “gota a gota”.
Por su parte, el DANE señala que el 66,6 % de los migrantes venezolanos que viven en Colombia no está afiliado al sistema de salud. El 42,8 % de los migrantes reporta no saber cómo afiliarse, y el 26 % afirma que no puede acceder a medicina subsidiada.
A todo lo anterior se suma la xenofobia, la aporofobia y los prejuicios en contra de la población venezolana, que traen exclusión social y miedo.
La política migratoria: ¿qué falta?
Hoy, el gobierno colombiano es un referente internacional en materia de política migratoria. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha calificado la política de regularización como “valiente y sin precedentes”.
Sin embargo, esta política aún presenta limitaciones que deben ser corregidas para impulsar una verdadera integración de los migrantes. Pese a la política de “puertas abiertas” que permite que los venezolanos ingresen a Colombia sin mayores complicaciones, muchos no han podido hacerlo porque no cuentan con un pasaporte vigente o ni siquiera tienen uno.
Cuando logran ingresar al territorio colombiano, los migrantes deben regularizarse para acceder al mercado laboral formal y a los servicios provistos por el Estado. Por eso, en 2021 el gobierno anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que busca que los venezolanos se regularicen de forma definitiva. Este estatuto permite que los migrantes permanezcan en Colombia de forma regular por diez años, accedan a seguridad social, convaliden títulos profesionales, entren y salgan del país libremente, y acrediten su estatus migratorio ante las autoridades del país.
El plazo máximo para que los migrantes que ingresaron de forma irregular al país puedan registrarse y acceder a este estatuto venció en mayo del presente año, lo cual puede resultar muy grave para un conjunto de venezolanos en alto grado de vulnerabilidad que por desconocimiento, desconfianza o incapacidad tecnológica no alcanzaron a aplicar en la ventana de tiempo establecida.
A esto debe sumarse la dificultad que tienen los migrantes de conseguir la documentación que les exigen y los problemas que ha tenido Migración Colombia de operacionalizar la puesta en marcha del proceso de regularización, teniendo todavía pendiente la toma de datos biométricos y la expedición de documentos para muchos venezolanos que ya aplicaron a la iniciativa.
¿Qué hacer?
Aunque han existido inmensos avances en la inclusión de la población venezolana en Colombia, aún existen retos importantes que deben abordarse para lograr una integración efectiva de los migrantes. Estas son algunas recomendaciones que podría llevar a cabo el gobierno colombiano:
Extender el plazo para el registro de los migrantes venezolanos en condición irregular en el RUMV. El plazo actual (31 de mayo de 2022) seguramente dejó a gran parte de la población en estado irregular de forma permanente.
Acompañar esta extensión con jornadas de registro presencial y acompañamiento técnico dirigidas a la población más vulnerable haciendo un énfasis especial en las comunidades que presentan analfabetismo tecnológico o no tienen acceso a internet.
Aceptar diferentes tipos de pruebas para que las personas demuestren que se encontraban en el país antes de la fecha estipulada, por ejemplo, testimonios juramentados, fotografías, mensajes de texto, entre otras.
Llevar a cabo un estudio para evaluar la operación del Estatuto, con el fin de corregir lo que haga falta.
Aumentar la difusión de información sobre el Estatuto y evaluar estrategias nuevas para contactar a la población con mayor grado de vulnerabilidad.
Desarrollar y difundir rutas de atención institucional para la atención y reparación integral de personas venezolanas que han sido víctimas de xenofobia y que, en consecuencia, han visto vulnerados sus derechos.
Diseñar infografías y cartillas que expliquen el paso a paso de manera simple para contratar formalmente a migrantes venezolanos en Colombia.
Evaluar estrategias para acelerar los trámites de homologación de estudios y experiencia laboral en población venezolana, de manera que los migrantes puedan acceder a empleos que correspondan a sus capacidades y conocimientos.
Para la CAF, los gobiernos de Colombia, México, Panamá, Venezuela y EE.UU. deben construir alianzas de protección fronteriza de migrantes.
El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, tiene claro que «la migración a medio plazo es una buena noticia para todos los países» y pide que estos faciliten la «incorporación» al mercado laboral de los migrantes de manera rápida para evitar que sean víctimas de trata.
En una entrevista con EFE a su paso por Madrid, donde se conmemoró el 20 aniversario de la entrada de España en el banco, el colombiano analiza los grandes retos de la región y defiende que toda persona «tiene derecho a soñar con una vida mejor» y cambiar de país para conseguirlo.
CAF, con sede en Caracas y constituido en 1968, está conformado por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.
«Todos los economistas han evaluado el impacto positivo de la migración a mediano plazo para los países, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr estabilizar y dar oportunidades a la gente» que migra, así como para evitar que los migrantes caigan en las redes de trata de personas, dice.
«Hay gente dedicada a la trata de personas, lo vemos en la frontera entre México y Estados Unidos, o la de Colombia y Panamá o la de Colombia y Venezuela, es importante el diálogo entre los gobiernos y que las fronteras funcionen bien para quitar a estas personas de las manos de los traficantes«, incide.
Explica que desde el banco que dirige evalúan «constantemente» el estado de las fronteras y «ofrecen la ayuda técnica y el financiamiento necesario» a los países para detener «la forma más absurda de esclavitud contemporánea e inadmisible desde el punto de vista ético».
UNA ACOGIDA RÁPIDA EN LOS PAÍSES DE DESTINO
El exministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo pone el ejemplo de su país para recibir al millón de venezolanos que han migrado en el último año y aboga para que otros países también les «abran» la «incorporación a la sociedad».
«Es la única manera de garantizar que no exploten laboralmente a niños y a adultos, es un tema que hemos visto hace muchas décadas en todo el mundo, hay que preocuparse por un buen entendimiento de dónde está el migrante y no hacer que él mismo se sumerja en la economía», prosigue.
Cree que el migrante «ve que hay sanciones y persecuciones, se va a sumergir y ahí es donde es presa del traficante«, por ello «hay que recibirlos y darles los permisos temporales de trabajo».
Además, recuerda la necesidad de trabajar con el sector privado «para evitar prácticas de explotación y abuso, especialmente en niños«, para lo que considera clave «tener una buena trazabilidad» de los productos y «que no haya trabajo infantil».
También lamenta que «a veces una aparentemente buena acción como restringir la migración» conlleve «un deterioro de las condiciones» que «obliga a que mucha gente termine explotada» y defiende los beneficios de una migración regulada.
El proceso para regularizar a los ciudadanos que salen del vecino país se cerró el pasado 28 de mayo.
El Estatuto Temporal de Protección (ETP), dirigido a la población venezolana que migra de manera irregular a Colombia, inició su implementación el 5 de mayo de 2021, donde más de 2 millones 189 mil ciudadanos de ese país han iniciado su proceso para acogerse a la reglamentación.
Ahora bien, los migrantes que hayan ingresado al país después del 31 de enero de 2021, sellando su pasaporte, tendrán plazo hasta el 24 de noviembre de 2023 para acogerse al ETP.
Según cifras de Migración Colombia, cerca del 52 %, equivalente a más de un millón 138 mil venezolanos, también se les ha autorizado su Permiso por Protección Temporal.
Espinosa fue crítico frente al ejercicio que se viene haciendo e indicó que si bien, durante este primer año, se han presentado algunos inconvenientes, el compromiso de los Oficiales de Migración Colombia, la colaboración de las diferentes entidades del Gobierno nacional, el apoyo de la cooperación internacional y el acompañamiento de la ciudadanía ha permitido sacar el proceso adelante. Ya hay 843 mil venezolanos que tiene en su poder el documento.
El 58 % de los venezolanos que se encuentran radicados en Colombia son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad. Mientras que más del 28 % serían niños, niñas y adolescentes.
Migración Colombia, para seguir en su tarea de regularizar a la población venezolana migrante, anunció que estará recorriendo las principales carreteras del país en busca de más de 22 mil ciudadanos venezolanos beneficiarios del Permiso por Protección Temporal.
El director dijo que serán más de 15 mil kilómetros y 160 municipios los que recorrerá la autoridad migratoria en busca de aquellos migrantes venezolanos que a la fecha no han podido retirar su PPT o no han realizado el proceso para acogerse al (ETP).
Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá, Córdoba, Sucre, Nariño, Cesar, Guajira, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico, recibirán las camionetas y los trailers de la institución para seguir en la tarea de normalizar la situación de los ciudadanos venezolanos.
Esta capacitación pretende lograr la inclusión socioeconómica de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. Esta es una iniciativa de la fundación Juntos Se Puede, en alianza con la fundación alemana Hanns Seidel.
La fundación Juntos Se Puede, en alianza con la fundación alemana Hanns Seidel, certificó a 35 migrantes venezolanos en el programa Sé Un Emprendedor, cuya formación inició en septiembre de 2021 y duró ocho meses.
Este grupo de emprendedores recibieron diferentes capacitaciones para desarrollar sus ideas de negocio, lograr la estabilidad económica y a su vez agradecerle a Colombia las oportunidades que les ha brindado.
Voceros de la fundación Juntos Se Puede, con sede en Bogotá, explicaron que este programa surgió con el propósito de impulsar a los migrantes venezolanos que llegaron a Colombia con un proyecto de vida.
«Este es un día para agradecer a Dios, a los hijos, a los organizadores de esta iniciativa, y a los miembros de la fundación Juntos Se puede. No es suerte, esto es esfuerzo, constancia, perseverencia y muchas ganas de hacer las cosas bien. Esta experiencia nos ha hecho crecer y a ver de lo que somos capaces, pasamos de lo intangible a lo tangible», manifestó Aura Yánez, orfebre venezolana.
Por su parte, Ana Karina García, directora de la fundación Juntos Se Puede, destacó la resiliencia de los migrantes, sin importar los obstáculos que tuvieron que superar para seguir en sus emprendimientos y en su vida personal.
Recordó que hace dos años la fundación comenzó siendo un emprendimiento, que fundó sus bases desde cero en una ciudad que no conocían, en un país con unas leyes diferentes, enfrentando retos a diario. «Nos establecimos y decidimos ayudar a otros a fortalecer esos emprendimientos, actitudes y capacidades», completó García en el acto de entrega de los certificados.
«Estoy muy agradecida con la fundación Juntos Se Puede por brindarnos esta capacitación. Aprendí mucho, gracias a los profesores, ahora si voy a seguir adelante con mi emprendimiento» Silvia Flores, migrante venezolana
De los más de 1,1 millones de permisos impresos por Migración Colombia, 177.020 siguen en sus oficinas porque sus beneficiarios todavía no los han retirado. Hasta el momento parece cumplirse la meta fijada por el gobierno colombiano de venezolanos amparados por el ETPV, cuyo proceso de registro finaliza el 28 de mayo.
A más de un año de haberse aprobado en Colombia el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), los trámites de regularización avanzan a buen ritmo, con 1.180.558 permisos de protección temporal (PPT) aprobados hasta el 24 de mayo. De ese número, 1.125.019 ya están impresos y disponibles para ser recogidos por sus beneficiarios. Sin embargo, un problema al que actualmente se enfrenta Migración Colombia es a la cantidad de venezolanos que todavía no han recogido sus documentos.
El Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario ya había advertido en su informe Bitácora Migratoria de marzo que el 24,2 % de los PPT impresos no habían sido retirados. Aunque en los meses siguientes el porcentaje se redujo considerablemente, todavía genera inquietud en los funcionarios. De acuerdo con cifras actualizadas del portal Visibles de Migración Colombia, se han entregado 947.999, lo que reduce la cantidad de pendientes a 177.020, equivalentes al 15,73 %.
La autoridad migratoria habilitó una página para que los aspirantes a legalizar su estatus consulten si ya sus PPT fueron impresos. Solo se debe seleccionar el departamento en el que se hizo el registro biométrico e ingresar su número de Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV). El sistema notificará si el permiso ya está listo, además de la fecha y dirección en la que se puede recoger.
Cuenta regresiva
El 8 de febrero de 2021, el presidente colombiano Iván Duque anunció la creación del ETPV para asistir a todos los venezolanos que habían llegado a ese país antes del 31 de enero. En su momento, indicó que su objetivo era regularizar la situación migratoria de 1,7 millones de venezolanos. 15 meses después, la meta parece estar cerca de cumplirse.
De acuerdo con Migración Colombia, actualmente 2.278.491 venezolanos completaron el proceso del RUMV, de los cuales 1.749.945 ya tienen usuario y contraseña. De ese total, 1.717.899 cumplieron con el registro biométrico, lo que permite el reconocimiento de sus identidades ante el Estado colombiano. Finalmente, 1.180.558 PPT han sido aprobados, quedando 55.539 pendientes por imprimir.
Aunque el ETPV tendrá una vigencia de 10 años, el proceso de regularización posee un lapso limitado. De hecho, el portal Visibles alerta que el 28 de mayo de 2022 cerrará el plazo para registrarse en el RUMV. Los venezolanos que todavía no han hecho el trámite no solo están a contrarreloj, sino que la revista Semana reportó que desde hace días el sistema se encuentra caído, por lo que se habilitó un formulario de contingencia mientras tanto.
Tareas pendientes
En sus informes de marzo y abril, Bitácora Migratoria dejó una serie de observaciones a las autoridades en lo referente a la emisión de los PPT. En primer lugar, advirtieron que existen varios casos de documentos con errores en datos de identificación como el nombre, sexo o lugar de nacimiento. El observatorio recomienda a los venezolanos revisar bien sus papeles al momento de retirarlos. Además, evitar contratar gestores, los cuales pueden contribuir a que ocurran este tipo de imprecisiones. Por su parte, instó a Migración Colombia a ser claros en el proceso de corrección y a ser rápidos en la entrega del nuevo permiso.
Igualmente, señalaron que debe aumentarse la articulación entre el ente migratorio y otras instituciones públicas para el reconocimiento del PPT. Al fungir como documento de identidad de los venezolanos residentes, es necesario que sea aceptado por cualquier organismo público o privado, lo cual denunciaron que en muchos casos todavía no se cumple.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) arrojó que para finales de 2021 había una población de más de 2,8 millones de venezolanos en Colombia. Un millón más de los estimados por el presidente Duque al momento de anunciar el ETPV. Esto lleva al observatorio a plantear la necesidad de tomar medidas para que la protección abarque no solo a los indocumentados llegados antes del 31 de enero de 2021, sino también a los más recientes. Incluso, considerar a la población de retornados con nacionalidad colombiana de tercera y cuarta generación, o los migrantes pendulares que hacen su vida en la frontera.
Otra gran preocupación reflejada en el informe de abril tiene que ver con las elecciones presidenciales de Colombia. No solo observaron una falta de propuestas sólidas por parte de los candidatos en el tema migratorio, también un desconocimiento general de las medidas de protección. Por ese motivo, resaltaron a la importancia de garantizar la continuidad del ETPV en el próximo gobierno que ocupe el Palacio de Nariño.
«El silencio o desconocimiento de algunos candidatos sobre el futuro del ETPV, la ausencia de propuestas de acciones concretas, buscar soluciones esperando el retorno de la migración o el repetir propuestas de programas que están desarrollándose en la actualidad compromete el destino de al menos el 5,8% de la población en Colombia y nos conduce al riesgo de retroceder en asuntos de política migratoria desde un enfoque de protección y derechos”, expresa el informe.
Migración Colombiaestará en 160 municipios del país con su Ruta 70 visibles una estrategia para entregar más de 22 mil permisos por protección temporal.
Las oficinas móviles atienden venezolanos que no han podido sacar su permiso de protección temporal.
“Esto quiere decir que a partir de hoy y durante dos semanas estaremos recorriendo más de 115 municipios en todo el territorio nacional, con más de 22mil documentos para entregarlos de manera remota”.Explicó, Juan Espinosa, director de Migración Colombia.
Los móviles atenderán pasado mañana, cerca de las alcaldías de todos los municipios del Valle de Aburrá, menos Medellín. La jornada se realizará el viernes en 8 municipios del Oriente.
