La Armada Nacional informó que 34 migrantes fueron rescatados en la noche del lunes 14 de marzo en el Golfo de Urabá tras ser hallados a la deriva en una embarcación en fibra de vidrio.
De acuerdo con lo dicho por el capitán de Fragata Jaime Enrique González, comandante de la Estación de Guardacostas de Urabá, el hecho se presentó a la altura de Cabo Tiburón (Chocó), cuando una Unidad de Reacción Rápida (URR) en coordinación con un buque Patrullero de Costa de la Armada de Colombia, detectaron la embarcación a la deriva.
En la embarcación había un grupo de extranjeros en su interior que pretendían cruzar la frontera hacia Panamá.
“Al momento de realizar la verificación e inspección de la embarcación, se logró salvaguardar la vida de 29 ciudadanos de Bangladesh, tres de Venezuela, uno de Ecuador y uno de la India, los cuales no contaban con la documentación que acreditara su ingreso y tránsito en el país. Según la versión de los pasajeros, el piloto de la embarcación habría emprendido la huida al notar la presencia de las autoridades”, contó el capitán González.
Una vez verificado el estado de salud de los migrantes, estos fueron movilizados hasta el corregimiento de Capurganá (Chocó), en donde fueron puestos a disposición de Migración Colombia.
La motonave donde fueron hallados fue inmovilizada y puesta a disposición de las autoridades competentes.
En el marco del proyecto Fortalecimiento de ideas y valores democráticos de la comunidad migrante venezolana, que lleva adelante la Fundación Juntos Se Puede, se realizó el segundo foro Colombia y Venezuela: Juntos por la Integración en la ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del Meta, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel del Llano.
El foro contó con la participación de candidatos al Senado de la República de Colombia de la región llanera. Allí mostraron a la ciudadanía venezolana, cuál es su visión en torno a la migración venezolana y, además, cuál será su postura en la casa de las leyes para integrar política, económica y culturalmente a los más de 1.842.000 venezolanos que se encuentran en Colombia.
El panel del Foro estuvo compuesto por los candidatos al Senado, Nilson Arana del Partido Fuerza Ciudadana, el candidato Hugo Velásquez por el partido Nuevo Liberalismo, la presentadora de Tiempo de Noticias, Lucila Gómez y el representante de la Fundación Juntos Se Puede, Dayner Pariata, quienes abordaron el fenómeno de la integración venezolana en Colombia, desde sus distintas vertientes.
La protagonista de la jornada fue la coincidencia. A pesar de pertenecer a líneas ideológicas distintas, hubo confluencia de ideas en los candidatos para afirmar que el abordaje de la integración de la población venezolana en Colombia, tiene que ser un hecho para el próximo Congreso de la República.
Por una parte, el candidato Nilson Arana de Fuerza Ciudadana expresó: “Hoy existe una realidad en Colombia y es la desinformación. Hay programas y planes para el beneficio de los venezolanos que aún no tienen la difusión necesaria” ante una pregunta realizada por una internauta que miraba el espacio a través de la red social Facebook.
La intervención del candidato Hugo Velásquez tuvo un enfoque en defensa de los DDHH de la población migrante “A los venezolanos no se les puede generar una actitud de xenofobia, nuestra realidad es distinta ya que todos los colombianos tenemos algún vínculo familiar con un venezolano”, expresó al referirse a los nexos histórico entre ambas naciones en una intervención que combinó, historia, política y cultura binacionales.
A su vez, el candidato de la tolda roja, se refirió a uno de los temas más polémicos en torno a la población migrante: el supuesto según el cual, la inseguridad en Colombia “aumentó por la llegada de la migración venezolana”. Hugo Velásquez expresó su rechazo a esa afirmación, diciendo “La delincuencia en nuestro país se debe a un problema social, de pobreza. La llegada de los venezolanos no significa que aumente la delincuencia”.
El candidato Nilson Arana, respaldó la afirmación de Velásquez, asegurando que “no hay en nuestro ordenamiento jurídico una ley que desde las instituciones evite estigmatizar a los venezolanos” Esto lo afirmó en referencia al manejo que hacen las instituciones policiales en los reportes de criminalidad que ofrecen al país y que en no pocas ocasiones incentivan la xenofobia entre la población.
El tema de las oportunidades también se abordó, y es que no desaprovecharon la ocasión para alegar que la migración es hoy una oportunidad muy grande para Colombia por temas laborales y económicos, que está siendo entorpecida por el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos que, según ellos, “no ofrece una visión clara de cuál es su razón de ser”.
Además, a la cita asistieron líderes comunitarios colombianos que quisieron expresar su apoyo a los venezolanos en la capital del departamento. Una de ellas, Sandra Yaneth Rivera Ramírez, defensora de los DDHH de las víctimas del conflicto armado, afirmó tener más de cinco años trabajando con comunidades venezolanas vulnerables.
Finalmente, Velásquez concluyó que “tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos, ellos son una oportunidad para el crecimiento del país”. Entretanto, Nilson Arana expresó que “hay que pensar en cómo integrar aún mejor a los venezolanos en este país. Muchos de ellos así mejoren las cosas en Venezuela se quedarán acá viviendo”
Estos espacios de conversación se están abordando desde la Fundación Juntos Se Puede con la intención de promover en todas las fuerzas vivas de la sociedad colombiana, una discusión en torno a la integración de los venezolanos en Colombia. La próxima cita será en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, el 22 de marzo, dónde la temática del foro será el encuentro cultural entre Colombia y Venezuela, con la participación de múltiples organizaciones de Base comunitaria.
La Secretaría de Educación de Cúcuta informó que volvieron a funcionar las rutas escolares en la frontera con Venezuela para que niños y adolescentes del vecino país continúen con su proceso de formación en la capital de Norte de Santander. El pasado martes 1 de marzo se movilizaron más de 150 buses por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
De acuerdo con la administración municipal, se trata de alumnos que asisten a instituciones educativas en Cúcuta y que regresan a la presencialidad tras la emergencia por covid-19. Se estima que se verán beneficiados unos 2.500 niños y jóvenes en la zona urbana y 1.745 en la zona rural.
“Se busca dar, de manera paulatina y progresiva, el servicio de transporte escolar a niños y adolescente migrantes. Esperamos tener y contar con más de ciento cincuenta buses que estarán apoyando esta estrategia de permanencia educativa para todos los estudiantes de la capital de Norte de Santander”, aseguró a RCN Radio Jessica Ramírez, secretaria de educación.
Los colegios contemplados para el transporte de niños venezolanos son: Misael Pastrana Borrero, Carlos Pérez Escalante, Club de Leones, María Concepción Loperena, Simón Bolívar, Francisco José de Caldas y todas las instituciones de la zona rural.
La Secretaria de Educación señaló que en la primera etapa se dispondrán 20 vehículos que van desde la ciudad de Ureña (Estado de Táchira) hasta Cúcuta, mientras que en las próximas semanas se espera aumentar la cifra de rutas.
Entretanto, el Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, aseguró que desde el inicio del proceso dehomologación de títulos profesionales a ciudadanos venezolanos en noviembre de 2021, ya son 7.000 migrantes los que han logrado realizar el trámite de manera exitosa.
La temida ruta del Darién que atravesaron 133.000 migrantes en 2021 ya no suena a creole. Los haitianos, que cruzaban en masa esa peligrosa trocha, donde un número incontable ha desaparecido o perdido la vida, ya no son mayoría. Siguen intentando llegar de Colombia a Estados Unidos, pero en la trocha se imponen ahora el español y los sonoros “panas” de los migrantes venezolanos.
“Somos un grupo de venezolanos y nos encontramos esta señora haitiana, que tiene cuatro días caminando”, dice un hombre en un video difundido a través de Tik Tok, donde los migrantes suelen contar las penurias de la travesía y darles consejos a los que van a comenzarla. “El grupo dejó botada a la señora, nosotros nos llevamos, como venezolanos no dejamos morir a nadie”, dicen frente a la mujer que guarda silencio.
Desde la crisis de agosto de 2021 cuando se aglomeraron 25.000 migrantes en Necoclí, un pequeño pueblo colombiano donde colapasaron los servicios de salud y transporte, no solo ha cambiado la nacionalidad sino también las rutas. Aunque en los últimos meses del año esa cifra descendió de forma “significativa” la migración se mantiene. “En agosto pasado el pico de ingreso a nuestro país ascendía a 2.400 migrantes al día, hoy tenemos un promedio (diario) de 140 migrantes en el último mes”, dijo la canciller Erika Mouynes a comienzos de 2022.
Según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), en enero cruzaron a Panamá 4.442 migrantes, de los cuales 1.153 eran venezolanos y 653 haitianos. Pero en ese listado hay también cubanos, senegaleses y nacionales de Usbekistán, entre otros.
“La migración es muy dinámica. Y acá esto ha ocurrido durante más de 15 años. Cualquier situación de hambruna o guerra se ve reflejada un año después en la migración que transita por Colombia”, dice Juan Arturo Gómez, periodista de la región y experto en migración.
Según otros analistas, la elección de Gabriel Boric, en Chile, ha hecho que los haitianos que están instalados en ese país, hayan decidido quedarse a esperar mejores condiciones para ellos con los nuevos vientos políticos. La deportación desde Estados Unidos y la espera de muchos haitianos en México también ha mermado el flujo migratorio.Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Durante el año pasado, los migrantes llegaban a Necoclí e intentaban cruzar por Capurganá y Acandí, en Colombia, hasta Bajo Chiquito en Panamá. Médicos sin Fronteras, que tenía un puesto médico allí, tuvo que desmontarlo porque ya no llegaba nadie a ese punto. Las denuncias de asesinatos- al menos medio centenar según las autoridades panameñas- asaltos y abuso sexual a las mujeres en el camino, hicieron cambiar de ruta. También el asesinato de Fredy Pestana, un líder de la zona y quien se encargaba de organizar los guías que llevaban migrantes por la selva, hizo que la ruta de Acandí, una de las más concurridas, se cerrara.
Ahora, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes prefieren hacer una ruta por el Pacífico, pasando por Tumaco y Juradó (en Colombia), siguiendo por Jaqué (Panamá), también zonas altamente peligrosas y con presencia de diversos grupos armados.
“La travesía [por el Pacífico] entre Colombia y Panamá debe hacerse por mar, en embarcaciones pequeñas que normalmente no están adaptadas a la cantidad de personas migrantes que transportan”, dijo a EFE Santiago Paz, representante de la OIM en Panamá.
El gran riesgo de ese nuevo camino es el mar abierto, explica Gómez. Tanto en esa ruta como en del Caribe, que han hecho usualmente los migrantes, hay riesgos de naufragio. El último conocido ocurrió en diciembre en Juradó. Días después, la Armada de Colombia rescató los cuerpos de 6 migrantes que murieron en ese naufragio.
Sea por mar o por la selva, los peligros persisten. El pasado 22 de febrero, una patrulla de Senafront se topó con una banda de 10 asaltantes cuando robaba a migrantes en la nueva ruta de la selva. “La patrulla iba avanzando a un sitio de un cajón y escucha lamentos de personas”, dijo Oriel Ortega, director de Senafront. “Estaban siendo ultrajados, les estaban quitando sus prendas. Les dimos voz de alto y ellos dispararon. Dimos de baja a dos delincuentes y encontramos tres armas largas de fuego y de diferentes municiones”, agregó sobre el peligro de este nuevo camino que usan los migrantes decididos a cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos aunque les cueste la vida.
Gracias a la medida de sustituir la apostilla venezolana por una certificación emitida por la Embajada de Venezuela en Bogotá y certificada por la Cancillería de Colombia, más de 22.000 profesionales migrantes venezolanos ha podido completar los requisitos necesarios para comenzar el proceso de homologación de títulos universitariosante el Ministerio de Educación.
El encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini y el Gerente de Fronteras, Lucas Gómez, ofrecieron un balance de este proceso que comenzó en noviembre de 2021.
“Apostillar un documento en Venezuela puede costar entre 500 y 1.000 dólares (por documento), debido a que estos procesos están dominados por mafias corruptas de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, lo que hace prácticamente imposible que los venezolanos legalicen o apostillen sus documentos”, denunció Battistini en una rueda de prensa ofrecida este 1 de marzo en Bogotá.
Según el representante diplomático del Gobierno Interino del líder opositor, Juan Guaidó, “esta situación afecta, principalmente, a quienes han estudiado en Venezuela, pues las carreras de pregrado, posgrado, maestrías y doctorado, no pueden ser homologadas si no cuentan con este requisito, entendiendo que para un venezolano es imposible realizar estos pagos tan elevados, pues el sueldo mínimo en Venezuela es 3 dólares al mes”.
Battistini promedió el impacto que ha tenido esta medida asegurando que “le fueron arrebatados a las mafias corruptas del régimen de Maduro, al menos 2.200.000 de dólares, mientras que este proceso que realizamos en la Embajada del gobierno interino es gratuito”.
Colombia es el principal receptor del éxodo masivo proveniente desde Venezuela. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia ha recibido más de 1.800.000 migrantes y refugiados venezolanos, muchos de ellos profesionales que tienen mucho que aportar al país, sin embargo, entrar al mercado laboral en sus áreas de formación era bastante complicado sin este tipo de certificación.
Battistini recordó que esta iniciativa fue impulsada principalmente por la Gerencia de Fronteras bajo la dirección de Lucas Gómez, pensando en lo positivo que era ayudar a los migrantes entrar al campo laboral para impulsar el desarrollo de Colombia desde todas las áreas.
Por su parte, Lucas Gómez acotó que el mensaje de la Presidencia de Colombia es que se están derrumbando barreras migratorias, y continúan trabajando en medidas como estas para que todos los profesionales puedan ayudar al crecimiento del país.
“Gracias a la estrategia que se creó con el Gobierno Interino de Juan Guaidó y la Cancillería de Colombia, que se las han jugado por entregar herramientas jurídicas y legales a los migrantes venezolanos, podemos ver que 22.000 hermanos migrantes quieren homologar sus títulos”, puntualizó el gerente de Fronteras.
Gómez aseguró que “un migrante que certifica y homologa su título es un migrante que quiere entrar al mercado formal, es decir, entrará a nuestro régimen contributivo, que va a pagar salud, pensión y que pagará impuestos”.
Desde la Gerencia de Fronteras de la presidencia de la Republica y la Embajada de Venezuela recordaron que hasta el 31 de julio de 2022 estará activo este mecanismo de certificación de documentos y diplomas profesionales para la población migrantes venezolana radicada en Colombia.
Recalcaron que este proceso no tiene costo ante la Embajada de Venezuela en Colombia. Sí es necesario contar con un documento que evidencié estatus migratorio regular. Además, no es necesario apostillar los pensum de las carreras y se pueden adelantar los procesos sin necesidad de tener todos los documentos de una vez.
Luego de cargar los documentos a través de la página co.embajadavenezuela.org, la persona recibirá un correo con una certificación que tendrá un QR de seguridad, con un código del trámite, el nombre de la persona, el título de la carrera y un texto con la certificación que la Embajada le dará.
Siguiente a esto, la persona podrá dirigirse a la página de la Cancillería Colombiana y en la primera parte de la página se visualiza la opción “Apostilla desde casa”. Ahí se podrá poner clic y luego saldrá la opción de legalización de títulos universitarios por vía diplomática, al dar clic, se tendrá que colocar un correo electrónico y posteriormente adjuntar el documento que la Embajada del Gobierno interino de Juan Guaidó autorizó, para sí poder hacer la legalización.
Sucesivamente, en la página de la Cancillería, las personas tendrán la opción de pago, en donde deberán pagar 21 mil pesos colombianos por cada documento apostillado, luego de pagar por este arancel, en 48 horas la Cancillería le mandará un documento con la legalización, el cual tendrá la hora del trámite, el código y la verificación de que es una certificación consular, además de un código QR de autenticidad.
Los migrantes venezolanos que realizaron el Registro Biométrico del Estatuto en septiembre del 2021 y aun no han recibido respuesta de su aprobación, Migración Colombia habilitó un botón para que puedan verificar cómo va su proceso.
En la página de Migración ya pueden consultarse, ingresando a la sección Septiembre Visibles y colocando los siguientes datos:
Nombres completos
Número RUMV
Número de identificación con el cual hizo el RUMV
Ciudad del registro biométrico
Fecha del registro biométrico
El aplicativo surgió luego de que varios ciudadanos venezolanos señalaron que desde que realizaron la segunda fase en septiembre no han sido notificados al respecto. ADVERTISING
Errores más frecuentes cometidos por los solicitantes de septiembre
1. En septiembre de 2021, más de 200 mil venezolanos realizaron su registro biométrico. Sin embargo, al momento de realizar la validación y el cruce de información, 3 de cada 10 venezolanos que realizaron el proceso, tenían errores en su RUMV y esto ocasiona que el sistema frene el proceso de validación y otorgamiento. Por ejemplo, en algunos casos la información del documento no corresponde a la del RUMV o la fotografía que incluyeron en el RUMV no tiene nada que ver con la del biométrico y el sistema no permite avanzar.
2. Se encontró que 4 de cada 10 venezolanos que tenían cita para biometría no asistieron y al ser este, en gran parte, un proceso automatizado, hace que el sistema se quede buscando usuarios que estaban programados para validación de acuerdo a la cita otorgada, pero que no cumplieron la cita y como tal no había registro de huellas.
3. Esto obligó a Migración Colombia a modificar el proceso de impresión y validación e incluir oficiales en partes del proceso donde inicialmente iba solo parte automática.
4. Identificaron que más de 8 mil personas que teniendo nacionalidad colombiana hicieron el proceso para obtener el Estatuto. Lo mismo sucedió con algunos de nacionalidad peruana, ecuatoriana y brasileña.
5. Hay algunos casos de ciudadanos venezolanos que realizaron su registro biométrico en septiembre y que al validar la información entregada en el RUMV, incluyeron como prueba sumaria recibos o documentos que no permiten validar su permanencia en Colombia para la fecha. Por ejemplo: cartas de terceros sin autenticar, recibos de pago de cosas que no tienen el nombre de ellos, etc.
6. En otros casos, la foto que se tomó en la biometría no cumple con lo solicitado por el sistema y no permite avanzar en el proceso.
7. Por último, está el caso de algunas de las personas que hicieron el proceso y tienen antecedentes, requerimientos, anotaciones, medidas migratorias en firme o bien que le han faltado al respeto a la autoridad migratoria en diferentes escenarios y cuyos casos se encuentran en validación, ya que la idea del Estatuto es construir un mejor país para todos y esto solo se puede hacer a partir del respeto.
Una mujer venezolana identificada como Mariné Carolina Castellano Suárez, de 26 años, murió cruzando el Tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá.
La mujer, quien era oriunda de Cabimas, estado Zulia, viajaba con su esposo y su hijo de seis años y fue arrastrada por la corriente del río de la Selva del Darién. En declaraciones ofrecidas a Utahzolanos, el esposo de la mujer, Andrés Eduardo Lucena, dijo: «Fue muy triste. Mi esposa, nuestro hijo de seis añitos y yo, estábamos cruzando el río en la selva junto a otros migrantes más que tenían como meta llegar a los Estados Unidos, cuando el nivel del agua subió y la arrastró. No pudimos hacer nada. Mi hijo vio todo».
Asimismo, el hombre indicó que el hecho ocurrió el pasado 9 de febrero y hace pocos días fue que pudo recuperarse el cuerpo de su esposa.
«Por favor, necesitamos de sus oraciones y de cualquier apoyo económico para poder cremar el cuerpo de mi esposa. Estamos destrozados», añadió el esposo de la fallecida.
Tras el debate con candidatos a la Cámara de Representantes por Norte de Santander organizado para conocer sus propuestas con respecto a la migración venezolana, los representantes de todas las vertientes políticas se mostraron proclives a la integración de esta población y plantearon que deben ser tenidos en cuenta en la oferta social y productiva del país para que puedan salir adelante con sus familias.
Llama la atención que el tema sea uno de los pocos que logra poner de acuerdo a los candidatos de todos los espectros políticos, desde la coalición de izquierda del Pacto Histórico hasta el partido de derecha Centro Democrático, pasando por quienes representan a las opciones de centro en la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza y el partido Nuevo Liberalismo.
“Los venezolanos son nuestros hermanos y tenemos que integrarlos a nuestro país”, manifestó Marlene Flórez, candidata por el Nuevo Liberalismo, quien reconoció en esta población una lucha por salir adelante en la que ella se ve identificada.
Sobre esa lucha también se pronunció Francisco Cuadros, candidato de la Alianza Verde-Centro Esperanza. “Sabemos lo que es dejar nuestros hogares, comprendemos el dolor que sienten los venezolanos porque en nuestro país también hay 8 millones de desplazados internos”, dijo Cuadros, mientras explicó que las migraciones son en realidad oportunidades para las sociedades si se realizan las políticas públicas adecuadas. “La migración venezolana está en la edad laboral productiva que debemos aprovechar”, agregó.
Para alcanzar esa vinculación productiva, Bayron Flórez, candidato del Pacto Histórico, aseguró que las acciones del Congreso deben estar encaminadas hacia la industrialización del país y hacia la promoción del emprendimiento, de manera que se generen empleos de los que también se puedan ver beneficiados los venezolanos. “Los jóvenes recién egresados no pueden quedarse con el título debajo del brazo. Si hay más empleo, hay más oportunidades. El problema real es que con la falta de oportunidades se incrementa la violencia y el hambre”, manifestó Flórez.
Por su parte, Juan Capacho, candidato por el Centro Democrático, inició su intervención recordando que su experiencia previa incluye haber trabajado por la integración de los venezolanos asesorando al excanciller Carlos Holmes Trujillo y construyendo la política de atención a la población migrante. Sobre sus propuestas, afirmó que desde la Cámara promoverá un Plan de Reactivación Fronteriza para implementar el Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos y mantener bajas las tasas de impuestos a las empresas del departamento de manera que llegue inversión privada a crear nuevos puestos de trabajo.
“Queremos que se generen empleos a padres cabeza de hogar, a jóvenes y a migrantes en condición regular que tengan el Permiso de Permanencia. Lo que se necesitan son oportunidades para todos en las fronteras”, explicó Capacho, quien acotó en su intervención que los temas de inseguridad deben ser perseguidos por la justicia colombiana y castigados.
Para finalizar el encuentro, organizado por la Fundación Juntos Se Puede, el candidato Cuadros se mostró crítico de la gestión fronteriza que ha tenido el Gobierno de Iván Duque y explicó que cuanto antes se deben abrir los pasos formales para que los colombianos y venezolanos no tengan que cruzar a través de las trochas, a merced de los grupos armados y poniendo en riesgo sus vidas.
“Queremos que la migración y los temas de frontera sean incluidos en un capítulo especial para Norte de Santander en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley más importante de los próximos cuatro años, y que tengan presupuestos destinados con enfoque territorial para atender las necesidades alimentarias, de salud, de educación y de seguridad a través de la inclusión laboral y productiva”, concluyó Francisco Cuadros, de la Alianza Verde-Centro Esperanza.
El foro “Colombia y Venezuela: Juntos por la integración”, realizado en Cúcuta este martes 22 de febrero, fue organizado por la Fundación Juntos Se Puede y tenía como objetivo conocer la visión y las propuestas de los candidatos a la Cámara con respecto a la migración venezolana que ha llegado a Colombia en los últimos años y abogar por la integración de esta población para el desarrollo socioproductivo de Colombia.
En las últimas horas la Canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló que el país no está en la capacidad de recibir más migrantes venezolanos. El anuncio lo realizó durante el Consejo Permanente de la OEA y dijo que «es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy«.
En diálogo con La FM, el gerente de Fronteras de la presidencia de Colombia, Lucas Gómez, dio detalles de este pronunciamiento y aclaró que Colombia mantendrá las puertas abiertas para que los venezolanos puedan ingresar al país, pero que asimismo pidieron el apoyo de los países de la OEA para mantener esta situación.
«Llevamos varios años brindándole atención a los migrantes venezolanos que están llegando a nuestro país. En el Consejo Permanente de la OEA estábamos haciéndole una corresponsabilidad de los otros países miembros«, indicó.Lea También:
Con respecto a las afirmaciones de la vicepresidente sobre no poder recibir a más migrantes, Gómez aseguró que Colombia seguirá recibiendo a los venezolanos que entren, sin embargo, aseguró que no se cuentan con los recursos para apoyar su integración a la sociedad.
«No es un tema de cerrar la entrada a los migrantes. Tenemos mas de 2500 kilómetros de frontera con Venezuela, por eso el llamado que le hicimos a los países de la OEA es cómo van a seguir apoyándonos para continuar recibiendo a los migrantes venezolanos«, puntualizó.
Además, expresó que los migrantes que ingresan a Colombia, pese a tener menos capacitación, llegan cargados de sueños e incluso han generado empresas que le dan trabajo a los colombianos. Lea También:
Con respecto a la bomba social que se vive actualmente en Colombia y la guerra de la limosna y mendicidad que se puede ver en algunos migrantes y las acciones del gobierno sobre las mismas, el gerente de Fronteras aseguró que «a veces cuando uno es rico es fácil ser generoso».
«La bomba social está ahí, nuestra gran apuesta con la reactivación económica es que tiene que llegarle a todos, es una población que ya está aquí. Tenemos que salir juntos y Colombia ha decidido que la migración es una oportunidad», concluyó.
Como parte de su rutina como paciente de VIH, Miguel* fue a hacerse unos exámenes y a recoger sus antiretrovirales al hospital la semana pasada. Pero, tras años de tratamiento, esta vez no lo atendieron.
«Me dijeron que estaba incurriendo en falsa identidad, que tenía que hablar con la Registraduría (…) fui para allá y me dijeron que sí, que mi cédula estaba anulada porque mi apostilla era falsa», declara.
Como él, unos 43.000 migrantes venezolanos que obtuvieron la nacionalidad colombiana en los últimos años se enteraron este mes, sin previo aviso, que la Registraduría, el ente gubernamental encargado de las identificaciones en Colombia, les anuló la cédula.
BBC Mundo conoció casos de personas que fueron a sacar plata del banco, les negaron la transacción y llevan semanas sin dinero; que les inmovilizaron el carro y para poder sacarlo sin cédula les cobraron una millonada; que fueron detenidos por 36 horas; que no los dejaron volver a entrar al país; que no han podido registrar a sus hijos ni llevarlos al médico tras cuatro meses de nacidos.
El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, explica: «Hicimos una verificación que nos tomó 6 meses, que contó con 450 analistas, de casi 300.000 registros de extranjeros y encontramos novedades en 43.000 de ellos, sobre todo en lo que se refiere a la apostilla«.
La apostilla es un certificado otorgado por el Estado de un país para que un documento sea válido en otro. Conseguirlos en Venezuela es, al menos, una hazaña.
«Años trabajando y ahora esto»
De los seis millones de venezolanos que salieron del país por la crisis en los últimos años, un tercio vinieron a Colombia, entre otras razones porque muchos son hijos de colombianos que migraron a Venezuela por la violencia en los 80 y 90.
Pero hacerse colombianos no resultó precisamente fácil: en ambos países, los trámites para sacar y legalizar documentos requieren tiempo, esfuerzo y dinero.
Y para estos 43.000 venezolanos nacionalizados parece que la odisea no terminó cuando les entregaron su cédula: ahora, según Rodrigo Pérez, no tienen otra opción que volver a registrarse como si acabaran de migrar. Con la diferencia de que, ahora, la relación consular entre los dos países es casi nula.
«Me siento impotente y no tengo qué hacer», dice un migrante que, como muchos, pagó a un gestor en Venezuela para conseguir la apostilla.
«No estoy saliendo de mi casa por miedo de que me arresten», indica otro que se registró, al igual que muchos migrantes, sin apostilla gracias a un decreto presidencial de 2016 que flexibilizaba ese requisito.
Todos tienen una historia frustrante y en su opinión injusta: ninguno dice haber falsificado documentos, pero tienen una razón por la cual no sacaron la apostilla de manera formal.
«Es que así funcionan las cosas en Venezuela, y un poco también en Colombia», dice María Carolina Sánchez, cuyo hijo está entre los afectados. «Todo tema legislativo en estos países es sinónimo de mucho trámite, mucha espera y mucho dinero que casi nadie tiene».
«Duramos años trabajando para sacar esta nacionalidad y ahora esto, de verdad, nos dejó devastados», añade.
Pie de foto,El gobierno colombiano ha otorgado casi 500.000 permisos temporales a venezolanos para regularizarlos (con el que no pueden votar), aunque solo 200.000 lo han reclamado.
«Sin país por un burócrata»
Gabriela Arenas, directora del Taller De Aprendizaje Para Las Artes Y El Pensamiento, una fundación que apoya poblaciones vulnerables, dice que el Estado colombiano está incumpliendo el derecho constitucional a la identidad.
«Inicialmente me pareció un proceso lógico, verificar documentos es normal, pero otra cosa es cancelarle la cédula a miles de personas sin notificarles ni a ellos ni a los consulados ni a migración ni a la registraduría«, señala la activista de doble nacionalidad.
Según ella, las diferentes entidades del Estado que ejecutan la política de la Registraduría «están desarticuladas, resultando en un drama muy fuerte para mucha gente».
«Más que un problema administrativo o político, este es un tema humano que las autoridades están desconociendo», señala.
Millones de venezolanos emigrantes se han ido quedando sin los papeles de su país durante los últimos años debido a las complicaciones para renovar pasaportes y cédulas.
«Si ya el duelo migratorio es durísimo de superar, ahora los migrantes llegan a este país, al que vienen a trabajar y a ponerse la camiseta de la selección (de fútbol), y unos meses después ven que por segunda vez se quedaron sin país por culpa de un burócrata«, concluye Arenas.
«No hay otra opción»
La Registraduría, sin embargo, se acoge a lo administrativo: «Los documentos que fueron anulados no tienen otra opción que volver a ser inscritos. Si se registró con un documento con apostilla falso, debe volverse a inscribir con un documento con apostilla legítimo», señala Pérez.
En vísperas de unas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia este año, la Registraduría ha sido objeto de varias denuncias sobre cambios en los sistemas de conteo, problemas en el registro de cédulas para votar e incentivos dentro del ente para favorecer el proselitismo político.
El registrador nacional, Alexander Vega, ha dicho que «el manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse. Las garantías están dadas».
El gobierno de Iván Duque, además, defiende su política migratoria con la regularización de casi 500.000 venezolanos a través de un estatuto temporal de 10 años que les permite trabajar y acceder a servicios, entre otras cosas. Aunque no les sirve para votar.
Muchos de los colombo-venezolanos afectados por la depuración de cédulas han intentado presentar recursos de reposición, pero para algunos los 10 días que da la ley para hacerlo pasaron incluso antes de que se enterasen de la anulación.
Otros también están intentando volverse a inscribir, pero se encuentran con que, según Arenas, «los mandan a un abogado amigo del registrador (regional) o les piden una apostilla que es imposible sacar en Venezuela».
Durante varios años la apostilla en Venezuela fue un trámite mediado por mafias, citas que daban con meses o años de anticipación y una página de internet que solo funcionaba en la madrugada. El gobierno colombiano emitió decretos para omitir la apostilla si se presentaban testigos. En Venezuela reformaron el sistema.
«Pero yo ya no sé qué es lo que aplica y cuánto voy a tener que pagar en Venezuela, en dólares, para sacar eso», dice Miguel, el paciente de VIH cuyo tratamiento depende de unas medicinas que lleva tres semanas sin tomar.
Oriundo de la Guajira, un desierto que comparten los dos países, Miguel ahora pasa sus días saltando de un país al otro en busca de los documentos que le piden.
«No tengo otra opción, mi vida depende de esto, es mi salud».
