#AlertaMigratoria | Los Peligros del Suspenso de la Política Migratoria

Colombia inicia el 2024 con incertidumbres en torno a su política pública sobre la crisis migratoria venezolana. La realidad circundante y los escenarios que pudieran producirse en los próximos meses comportan no pocos desafíos para las instituciones de este país.

Desde la Fundación Juntos Se Puede, constatamos cómo se mantiene el flujo de migrantes venezolanos que ingresan a Colombia, ya sea con ánimo de permanencia o utilizando el país como territorio de paso para trasladarse hacia otros destinos. El año 2023 marcó lo que hasta ahora parece la finalización del programa estatal de regularización masiva plasmado en el Estatuto Temporal de Protección, el cual, a todas luces, constituye un ejemplo global de política pública a favor de la protección de los derechos humanos.

La situación actual de ausencia de un programa que permita la regularización migratoria para nada desalienta la voluntad de los venezolanos de buscar mejores oportunidades. Varios informes señalan que en Venezuela no hay ningún indicador de mejoría en la calidad de vida de las personas, y, por el contrario, se han incrementado los ataques al espacio cívico, la persecución y las violaciones sistemáticas de derechos, lo que constituye un factor determinante en la movilidad humana. Varios estudios indican que Venezuela se encuentra entre los países percibidos como más corruptos y con menos capacidades para combatir la corrupción[1]. Un informe reciente revela que en Venezuela, cerca del 70% de la población padece pobreza multidimensional.[2]

Análisis independientes y con criterio científico desmienten cualquier supuesta recuperación económica y social en Venezuela. Además, la crisis de servicios públicos, junto con la posibilidad de que no se celebren elecciones libres como correspondería en 2024, podría incrementar la salida de personas del territorio, muchos de ellos eligiendo a Colombia como destino. Cabe destacar que los mecanismos ordinarios de administración de la migración (visados, por ejemplo) no están al alcance de la población migrante venezolana, que en su mayoría ni siquiera tiene acceso a un documento de identidad (cédula o pasaporte).

La imposibilidad de lograr una fórmula de regularización migratoria incrementa exponencialmente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, alienta dinámicas criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a las personas. El tráfico de migrantes, la trata, las formas de trabajo indigno, la explotación sexual y el reclutamiento por grupos armados tienen en la irregularidad migratoria un factor criminógeno que actúa contra la sociedad colombiana y debilita el Estado de derecho.

Sirva la presente para alertar a la institucionalidad colombiana sobre la imperiosa necesidad de generar canales de atención a estas dinámicas de movilidad. Colombia es un Estado que se ha caracterizado por el respeto de la normativa internacional y por los esfuerzos a favor de la promoción y tutela de los derechos humanos. Esto requiere seguir apostando a la regularidad migratoria como un factor fundamental para la protección de los derechos de las personas, permitiéndoles generar aportes significativos para el desarrollo integral de este país que generosamente ha venido acogiendo a nuestra población.