Para las elecciones primarias de la oposición venezolana que se celebrarán el 22 de octubre, 397.169 venezolanos están inscritos para votar en el extranjero, de los cuales 50.557 se encuentran en Colombia.
De acuerdo con información del diario El Tiempo, la cifra de venezolanos votantes para las primarias en Colombia se distribuye de esta manera:
–Barranquilla: 2.884 venezolanos
–Bucaramanga: 3.201 venezolanos
–Cartagena: 1.418 venezolanos
–Cúcuta: 3.545 venezolanos
–Medellín: 10.665 venezolanos
–Riohacha: 1.033 venezolanos
–Bogotá: 21.457 venezolanos
–Cali: 5.281 venezolanos
–Ipiales: 315 venezolanos
–Santa Marta: 758 venezolanos
Los otros países en los que se concentran la mayor cantidad de venezolanos para votar en las primarias son: Estados Unidos con 96.333 inscritos; Chile 65.459; y España con 55.482.
Centros en el exterior
La CNP informó que se desplegarán 87 centros de votación en 80 ciudades de 30 países.
En estas naciones fueron creados 85 comités locales para trabajar en la organización de lo que será el evento electoral fuera de Venezuela.
“Van a ser más de 6.000 personas por todo el mundo en distintas actividades, como coordinadores de centros, como monitores, como miembros de mesa, como comités de logística, de movilización, de seguridad, de comunicaciones”, dijo el coordinador de la Comisión de Apoyo del Voto en el Exterior, Ismael Pérez Vigil.
Durante el encuentro, se verificó la implementación de 48 recomendaciones clave establecidas en un informe preventivo emitido por la delegada para los Derechos Humanos en enero pasado. La procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación por la falta de presencia estatal en los territorios afectados, afirmando que es imperativo establecer una institucionalidad permanente en estas regiones.
El Ministerio Público destacó las graves preocupaciones respecto a la vulnerabilidad de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros abusos.
Se advirtió que el tema migratorio fue asignado a un grupo interno de trabajo por parte del Gobierno, lo cual ha disminuido su capacidad de gestión en comparación con el enfoque anterior en una gerencia específica.
El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, quien lidera las acciones preventivas de la procuraduría frente a la crisis, hizo hincapié en la urgencia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y establezca una ruta clara de acción a nivel nacional y territorial.
Además, se insistió en la necesidad de involucrar a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no limitándose únicamente a solicitar informes de cumplimiento, sino integrando las medidas establecidas en la ley 2136 de 2021 al contexto particular de cada región.
El Gobierno de Ecuador otorgará una amnistía migratoria a los venezolanos que ingresaron a este país por puntos no regulares.
El decreto establece que podrán acogerse al beneficio de amnistía migratoria los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a Ecuador por controles migratorios oficiales y que hayan efectuado el Registro de Permanencia Migratoria.
De manera excepcional, se reconocerá la fecha en la que el migrante cumplió con el Registro de Permanencia Migratoria ante el Ministerio del Interior, como la fecha de registro de ingreso al país, entonces se dará la autorización de ingreso, sin necesidad de visa y tendrán 180 días para que se acojan al proceso.
El decreto impone un requisito, no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública. No deberá constar en los registros de las instituciones del Estado relacionados con el orden público y la seguridad ciudadana.
La visa será gratuita y tendrá una vigencia de dos años, y podrá renovarla por una sola ocasión.
Las víctimas por el atropello de inmigrantes venezolanos frente a un centro de personas sin hogar en la localidad texana de Brownsville aumentó a ocho, después de que uno de los heridos falleciera en un hospital local, informaron las autoridades.
El atropello se produjo temprano en la mañana de este domingo cuando un automóvil se llevó por delante a un grupo de peatones que esperaban en una parada de autobús frente al refugio para personas sin hogar Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, en Brownsville, convertido en albergue debido a los cientos de inmigrantes que transitan por la zona.
Según el teniente Martin Sandoval, de la policía de Brownsville, en el incidente murieron en un primer momento siete inmigrantes venezolanos y diez personas más que habían resultado heridas de diversa gravedad fueron llevadas a un hospital local para recibir tratamiento, pero una de ellas murió posteriormente.
El autor del atropello, identificado como un hombre hispano residente de Brownsville, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue retenido por varios testigos del incidente hasta que llegó la policía, dijeron las autoridades, que no han precisado su nacionalidad.
Este jueves 11 de mayo llega a su fin la aplicación del Título 42 en Estados Unidos. Esta política de salud pública permitía expulsar a inmigrantes indocumentados de forma expedita en el marco de la pandemia de covid-19. La normativa que entrará en vigencia a partir de este jueves será el Título 8. Te explicamos de qué se trata.
El Título 8 tiene décadas de antigüedad. Según esta normativa, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsadas bajo esa autoridad del Título 8.
Estas medidas fueron mencionadas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en su página web el 1 de mayo. “El Departamento de Seguridad Nacional se ha estado preparando para el fin de la orden de salud pública del Título 42 durante más de un año. En el otoño de 2021, el DHS comenzó los esfuerzos de planificación de contingencia que incluyeron la creación de un plan operativo y la realización de ejercicios de simulación continuos”, dice el comunicado.
Allí, detallan algunas de las medidas tomadas, como el aumento de recursos, “incluidos personal, transporte, apoyo médico e instalaciones para apoyar las operaciones fronterizas”.
Además, destacan que durante la primera mitad del año fiscal 2023 regresaron “a 225.483 personas, frente a 170.896 durante el mismo período durante el año anterior”, y expulsaron “a más de 440.000 personas bajo la orden de salud pública del Título 42 durante el mismo período”.
El pasado lunes 17 de abril, la ciudad de Cúcuta sufrió un atentado con explosivos que dejó una mujer muerta y siete heridos. La víctima fatal fue identificada como Neyda Coromoto Rebolledo Tovar, de 45 años, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en el parque Mercedes Ábrego cuando fue activada la carga explosiva.
Neyda Coromoto Rebolledo Tovar era una mujer trabajadora y madre de tres hijos, que había llegado a Cúcuta hace dos años huyendo de la crisis en su país. Se dedicaba a vender dulces y café en el parque Mercedes Ábrego, donde solía compartir con otros comerciantes informales. Su sueño era reunirse con su esposo y sus hijos, que se encuentran en Venezuela.
“Queremos solidarizarnos naturalmente con las familias de las víctimas en especial con la mujer asesinada tras la detonación del artefacto, a quien con gestión de la Alcaldía de Cúcuta, su cuerpo será repatriado al vecino país”, señaló el alcalde Jairo Yáñez en declaraciones obtenidas por el medio de comunicación Semana. La mujer se encontraba a poco metros del artefacto explosivo, cuando detonó.
Según las autoridades, el artefacto explosivo improvisado tenía una sustancia de alto poder, aproximadamente dos kilos, y contaba con elementos metálicos como metralla. El sistema de activación fue a través de control remoto y el objetivo era el Comando de Atención Inmediata (CAI) cercano al parque, donde se encontraban varios policías.
El coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que la primera hipótesis es que el ELN perpetró el atentado. Explicó que el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, ha perpetrado atentados similares anteriormente.
No obstante, el organismo delictivo, aseguró que no cometieron el ataque. “Tenemos por política atacar a los enemigos del pueblo y responder a las agresiones que el Estado y las Fuerzas Armadas realizan para mantener el actual orden de injusticia en Norte de Santander y los territorios. En nuestro accionar es política no afectar la población civil y mucho menos al pueblo trabajador que lucha por resolver las necesidades más sentidas que el Estado agrava con sus políticas”, señaló el ELN en un comunicado divulgado por dicho medio de comunicación.
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, rechazó el hecho y solicitó a las autoridades competentes dar con los responsables y que paguen por sus actos. Asimismo, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a los autores del ataque.
La comunidad cucuteña expresó su indignación y su temor por la situación de inseguridad que vive la ciudad. Especialmente han expresado su consternación por la presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza con Venezuela. También manifestaron su solidaridad con las víctimas y sus familias.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han informado de que la estrategia brasileña de reubicación voluntaria de personas refugiadas y migrantes venezolanas ha beneficiado a más de 100.000 personas desde que comenzó hace cinco años.
De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Social, Asistencia, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, casi una cuarta parte de los 425.000 venezolanos que viven en Brasil se han movilizado desde el estado fronterizo de Roraima a más de 930 ciudades de todo el país, donde han podido encontrar oportunidades para mejorar su calidad de vida e integrarse en su comunidad de acogida. Alrededor del 80% de los beneficiarios son mujeres y menores de edad.
Una estrategia para garantizar la protección y la integración
“La estrategia de reubicación garantiza la protección y la inclusión, ofreciendo vías efectivas para que la población venezolana en el país reinicie su vida con dignidad”, ha declarado el representante de ACNUR en Brasil. Además, Davide Torzilli explicó que, con base en una estrecha colaboración entre diversas instituciones y organizaciones, la estrategia representa una solución eficaz y un modelo para la región y el mundo.
Antes de viajar a sus ciudades de destino, las personas que participan voluntariamente en la estrategia de reubicación interna reciben la documentación necesaria, que incluye el permiso nacional de trabajo y la inscripción en el registro de contribuyentes.
“Fortalecer y mejorar la inclusión a través de la estrategia de reubicación es crucial para las personas que han decidido quedarse en Brasil”, ha señalado el jefe de misión de la OIM en Brasil. “Con el apoyo de los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, es posible promover una inclusión duradera, que permita a los venezolanos romper estereotipos, crear soluciones y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida”, destacó Stéphane Rostiaux.
Una niña venezolana espera los trámites de migración en Pacaraima, ciudad del norte de Brasil, situada al otro lado de la frontera con Venezuela.
Operación Acogida
La estrategia de reubicación interna fue lanzada en 2018 como parte de la Operación Acogida, la respuesta humanitaria del Gobierno brasileño ante la llegada de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La reubicación interna ofrece una ayuda vital y fomenta la integración ayudando a las personas a encontrar nuevas oportunidades de trabajo o reunirse con familiares o amistades en otras partes del país.
En una encuesta realizada en 2021 a 2000 migrantes venezolanos, ocho de cada 10 adultos aseguraron haber encontrado empleo o iniciado sus propios negocios, o tener un mejor acceso a empleos formales, vivienda y programas de educación después de ser reubicadas.
Estas iniciativas cuentan con el apoyo de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coliderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, en la cual participan 55 organizaciones de la sociedad civil y otras agencias de las Naciones Unidas en Brasil. Los municipios que reciben a la población venezolana reubicada también apoyan la iniciativa.
El delegado del gobierno estadounidense, Alejandro Mayorkas, tratará la grave crisis migratoria que vive la región en un encuentro que culminará con una declaración conjunta con los ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y Colombia, Janaina Tewaney Mencomo y Álvaro Leyva, respectivamente.
Sin mayores detalles del encuentro, se sabe que se tratará con seguridad el creciente flujo migratorio a través de la peligrosa selva del Darién, que hace de frontera natural entre Colombia y Panamá, en su camino hacia Norteamérica.
Panamá es la entrada a Centroamérica desde el sur del continente americano y sirve de paso para miles de migrantes irregulares procedentes de países de todo el mundo que viajan por tierra hacia Estados Unidos.
Con la tendencia creciente de este flujo migratorio, se estima que este año unas 400.000 personas cruzarán la selva del Darién, casi el doble de los más de 248.000 migrantes que lo hicieron en 2022.
Solo en los tres primeros meses de 2023, unos 87.390 migrantes irregulares cruzaron la selva, siete veces más que en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Migración (SNM).
La Fiscalía de San Luis Potosí detalló que 23 de ellos son de nacionalidad venezolana y cuatro originarios de El Salvador.
La Fiscalía General de San Luis Potosí entregó al Instituto Nacional de Migración (INM) a 27 personas extranjeras, del total de 35 que fueron localizadas el pasado 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala, víctimas del probable delito de privación de la libertad, informaron autoridades.
De las personas entregadas al INM, precisó, 23 de ellas son de nacionalidad venezolana y cuatro originarias de El Salvador, además de que entre ellas se encuentran cuatro núcleos familiares y ocho adultos que viajaban solos.
“Conforme a lo establecido en el Artículo 112 de la Ley de Migración, los núcleos familiares serán canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que los albergará en el Centro de Asistencia Social que ella misma designe”, precisó el INM en un comunicado.
Respecto a las personas adultas, dijo, tal como lo establece el Artículo 52 de la ley de Migración, se les otorgará Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
Estas acciones, dijo, se realizaron el pasado 8 de abril en donde estuvieron presentes autoridades consulares de El Salvador quienes dialogaron con sus connacionales y con las autoridades migratorias.
El pasado 6 de abril, autoridades de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato liberaron a 35 migrantes que se encontraban privados de su libertad y quienes intentaban llegar a Estados Unidos.
Las autoridades afirmaron entonces que estas personas podrían ser parte de un grupo de personas denunciadas como secuestradas el 4 abril y que en un principio se había dicho que eran turistas.
Por estos hechos ya se encuentran dos personas detenidas.
Este domingo, el INM afirmó que continúa en comunicación con las autoridades federales y estatales correspondientes para colaborar y brindar atención, apoyo y asistencia necesaria a las personas extranjeras víctimas de delito.
Y señaló que queda a la espera de lo que determine la fiscalía del estado “respecto a las otras personas extranjeras y así el instituto auxilie en cuanto a la situación migratoria se refiere”.
La Armada Nacional rescató a 26 migrantes, entre ellos nueve menores de edad, que eran transportados ilegalmente en una lancha cerca de la isla caribeña de San Andrés y que se dirigían a Centroamérica, informaron este domingo fuentes castrenses.
Entre los rescatados había venezolanos, ecuatorianos y chinos, detalló la Armada en un comunicado.
La embarcación fue detectada por el Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima en San Andrés, que alertó a la Unidad de Reacción Rápida de la estación de guardacostas de la isla, desde donde partieron los rescatistas hacia el punto donde estaba la lancha.
«Nueve menores de edad se encontraban entre estas personas salvaguardadas, que eran transportadas en una lancha sin las condiciones mínimas de seguridad para hacerse a la mar e incumpliendo la normatividad marítima vigente», agregó la información.
Por ello, la lancha fue llevada por la Armada al muelle principal de los guardacostas de San Andrés y los rescatados fueron puestos a disposición de Migración Colombia.
Igualmente dos personas fueron detenidas y «puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación» para su judicialización, mientras que los dos menores fueron atendidos por «las autoridades competentes con el fin de restablecer sus derechos».
