El delegado del gobierno estadounidense, Alejandro Mayorkas, tratará la grave crisis migratoria que vive la región en un encuentro que culminará con una declaración conjunta con los ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y Colombia, Janaina Tewaney Mencomo y Álvaro Leyva, respectivamente.
Sin mayores detalles del encuentro, se sabe que se tratará con seguridad el creciente flujo migratorio a través de la peligrosa selva del Darién, que hace de frontera natural entre Colombia y Panamá, en su camino hacia Norteamérica.
Panamá es la entrada a Centroamérica desde el sur del continente americano y sirve de paso para miles de migrantes irregulares procedentes de países de todo el mundo que viajan por tierra hacia Estados Unidos.
Con la tendencia creciente de este flujo migratorio, se estima que este año unas 400.000 personas cruzarán la selva del Darién, casi el doble de los más de 248.000 migrantes que lo hicieron en 2022.
Solo en los tres primeros meses de 2023, unos 87.390 migrantes irregulares cruzaron la selva, siete veces más que en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Migración (SNM).
La Fiscalía de San Luis Potosí detalló que 23 de ellos son de nacionalidad venezolana y cuatro originarios de El Salvador.
La Fiscalía General de San Luis Potosí entregó al Instituto Nacional de Migración (INM) a 27 personas extranjeras, del total de 35 que fueron localizadas el pasado 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala, víctimas del probable delito de privación de la libertad, informaron autoridades.
De las personas entregadas al INM, precisó, 23 de ellas son de nacionalidad venezolana y cuatro originarias de El Salvador, además de que entre ellas se encuentran cuatro núcleos familiares y ocho adultos que viajaban solos.
“Conforme a lo establecido en el Artículo 112 de la Ley de Migración, los núcleos familiares serán canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que los albergará en el Centro de Asistencia Social que ella misma designe”, precisó el INM en un comunicado.
Respecto a las personas adultas, dijo, tal como lo establece el Artículo 52 de la ley de Migración, se les otorgará Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
Estas acciones, dijo, se realizaron el pasado 8 de abril en donde estuvieron presentes autoridades consulares de El Salvador quienes dialogaron con sus connacionales y con las autoridades migratorias.
El pasado 6 de abril, autoridades de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato liberaron a 35 migrantes que se encontraban privados de su libertad y quienes intentaban llegar a Estados Unidos.
Las autoridades afirmaron entonces que estas personas podrían ser parte de un grupo de personas denunciadas como secuestradas el 4 abril y que en un principio se había dicho que eran turistas.
Por estos hechos ya se encuentran dos personas detenidas.
Este domingo, el INM afirmó que continúa en comunicación con las autoridades federales y estatales correspondientes para colaborar y brindar atención, apoyo y asistencia necesaria a las personas extranjeras víctimas de delito.
Y señaló que queda a la espera de lo que determine la fiscalía del estado “respecto a las otras personas extranjeras y así el instituto auxilie en cuanto a la situación migratoria se refiere”.
La Armada Nacional rescató a 26 migrantes, entre ellos nueve menores de edad, que eran transportados ilegalmente en una lancha cerca de la isla caribeña de San Andrés y que se dirigían a Centroamérica, informaron este domingo fuentes castrenses.
Entre los rescatados había venezolanos, ecuatorianos y chinos, detalló la Armada en un comunicado.
La embarcación fue detectada por el Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima en San Andrés, que alertó a la Unidad de Reacción Rápida de la estación de guardacostas de la isla, desde donde partieron los rescatistas hacia el punto donde estaba la lancha.
«Nueve menores de edad se encontraban entre estas personas salvaguardadas, que eran transportadas en una lancha sin las condiciones mínimas de seguridad para hacerse a la mar e incumpliendo la normatividad marítima vigente», agregó la información.
Por ello, la lancha fue llevada por la Armada al muelle principal de los guardacostas de San Andrés y los rescatados fueron puestos a disposición de Migración Colombia.
Igualmente dos personas fueron detenidas y «puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación» para su judicialización, mientras que los dos menores fueron atendidos por «las autoridades competentes con el fin de restablecer sus derechos».
Cada vez son más los inmigrantes chinos que cruzan a Estados Unidos sin papeles, a menudo realizando viajes angustiosos a través de varios países y medios de transporte y utilizando las redes sociales como guía.
“Son personas de clase media que sienten que las oportunidades están disminuyendo y que la situación política se ha vuelto mucho más arriesgada”, opinó Ian Johnson, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores. “Y por eso buscan cualquier método, por las buenas o por las malas, para salir de China”, añadió.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) informó de que, en los últimos cinco meses, al menos 4,300 inmigrantes indocumentados chinos han sido detenidos cruzando la frontera sur, lo que supone más del doble que en todo el año anterior.
Un inmigrante habló anónimamente a la cadena MSNBC, hermana de Noticias Telemundo, sobre su experiencia, diciendo que temía quedarse en China después de denunciar la corrupción del gobierno. Temiendo más represalias tras haber sido encarcelado en dos ocasiones, huyó siguiendo las instrucciones de quienes le precedieron en las redes sociales chinas. Guías detalladas, vídeos y mapas le ayudaron a realizar el viaje en gran parte por su cuenta.
Ciudadanos chinos detenidos en la frontera entre EE.UU. y México. Patrulla Fronteriza de EE.UU.
“Hay mucha información, créeme. Paso a paso”, señaló.
Su viaje duró semanas y recorrió miles de millas en aviones, autobuses, barcos, motocicletas y a pie. Algunas publicaciones en las redes sociales incluso aconsejan a los migrantes que crucen por California en lugar de por el sur, ya que unas políticas de inmigración más estrictas podrían suponer un trato peor a su llegada.
Otro hombre, que dejó atrás a su familia para hacer el viaje inicial, dijo que ha oído hablar de otros que han tenido que pagar a personas para acceder a información crucial como dónde alojarse a lo largo del camino y cuál es el mejor lugar para cruzar. El precio de esa información puede oscilar entre unos pocos miles y decenas de miles de dólares.
“El nuevo fenómeno es que la gente intenta ganar dinero”, afirma en una entrevista traducida. “Así que están dando pequeños trozos de información a la vez, y si quieres más información sobre una ruta en particular, van a exigir más y más dinero”, agregó.
Cristian tiene 25 años, y es uno más de los cerca de 7 millones de venezolanos que contabilizó la Agencia de la ONU para los refugiados, como parte de éxodo masivo de personas que han huido de Venezuela para huir de las condiciones de vida y la falta de libertades.
Cristian llegó a Chicago en el verano pasado, con un grupo de migrantes que fueron enviados desde El Paso, Texas hacia otros estados y compartió con Telemundo Chicago Investiga su historia de supervivencia y cómo Chicago es ahora el lugar donde piensa encontrar nuevas oportunidades.
“Para mi el sueño americano es solo un mito, al final no vengo por un sueño sino por un propósito que es el de ayudar a mi familia”, aseguró Cristian desde El Paso, antes de llegar a la ciudad de los vientos.
Según la ciudad de Chicago, cerca de 4,000 migrantes en su mayoría venezolanos solicitantes de asilo, fueron enviados desde Texas y Colorado en autobuses a nuestra ciudad durante el verano pasado.
Cristian hizo la travesía prácticamente con la ropa que llevaba puesta. “Yo venía sin recursos, sin presupuesto, sin nada en los bolsillos, sin comida”.
Pero Cristian asegura que vivir en Venezuela era aún más difícil. “Pocos conocen lo que es venir del tercer mundo, al primer mundo, por eso es que muchos nos juzgan”.
Venezuela pasó de ser un país petrolero y próspero a finales de los noventa, a un país empobrecido tras la llegada de Hugo Chávez en 1999 y su sucesor Nicolás Maduro en 2013, tal como lo recuerda Mariano De Alba, miembro de Crisis Group. “Históricamente Venezuela era un país receptor de inmigración, no un país que de alguna forma expulsaba a migrantes y refugiados, pero eso cambió, a raíz de la llegada del chavismo al poder”.
Venezuela tiene una población de 28 millones de habitantes. Unos 7 millones de ellos se habían convertido en refugiados y migrantes en 2022, según las Naciones Unidas, que la considera una de las peores crisis de desplazamiento del mundo
Según cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, más de 81% de los venezolanos vive en pobreza y el ingreso promedio es inferior a 5 dólares mensuales.
La tasa de inflación en ese país cerró en 2022 en más de 300%, según el Observatorio Venezolano De Finanzas. Pero también la persecución política ha sido determinante en este éxodo.
Cristian reconoce que eso también incidió en su deseo de salir de su país natal. “En Venezuela no se reconoce la delincuencia de la autoridad con la policía nos la vemos difícil porque así nosotros no seamos delincuentes, también somos perseguidos por las autoridades”, aseguró Cristian desde el centro de Chicago.
Informes de la ONU detallan la participación de militares y organismos de inteligencia en graves violaciones de derechos humanos incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas y violencia sexual. Además de más de 300 presos políticos contabilizados por ONG. Todo esto le ha valido a Nicolás Maduro una investigación en la Corte Penal Internacional de la haya por presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Aquí nadie te persigue, aquí nadie está pendiente de ti, aquí si vas caminando por la calle, vas caminando”, dice confiado Cristian Pena mientras monta una bicicleta que usa para ganar dinero haciendo envíos. “Hay libertad… y es lo que uno busca, la libertad”.
Todos estos factores, unido a la crisis económica de la pandemia obligo a muchos venezolanos que habían emigrado inicialmente a países de américa latina, a venir a los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene registros de un aumento exponencial en el número de encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes venezolanos en los estados del sur del país, que pasó de solo 2,787 en 2020 a más de 187,000 en 2022. Y en lo que va de año fiscal del 2023, ya se han contabilizado más de 53,000.
Datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) establecen que, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha capturado a un millón 298 mil 484 migrantes.
La cantidad es mayor al sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento: un millón 89 mil 936 detenidos.
La mayor parte de los capturados por las autoridades son ingresadas a estaciones del INM como la que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio causó la muerte a 39 personas migrantes.
El argumento oficial es que se trata de un procedimiento administrativo por no acreditar su situación migratoria, y que se basa en los artículos 99, 112 y 113 de la Ley de Migración, así como el artículo 222 de su reglamento.
Las estadísticas de la Segob muestran que la tendencia es incrementar el número de migrantes detenidos en territorio nacional.
En 2019, el primer año de ejercicio del actual gobierno, el INM reportó la captura de 182 mil 940 personas.
El siguiente año la cifra disminuyó sensiblemente por la pandemia de covid19, que obligó al confinamiento de todo el planeta. En ese período las detenciones fueron 82 mil 379.
En 2021, cuando reiniciaron las actividades, las personas capturadas por el INM y las Fuerzas Armadas fue de 309 mil 692
El año pasado la cantidad aumentó a 444 mil 439 detenidos. Hasta febrero de 2023 la Unidad de Política Migratoria registra la captura de 36 mil 147 personas migrantes.
En promedio, más de la mitad de los capturados se envían a estaciones migratorias, revelan las estadísticas de la UPM.
Detener a todos los migrantes
La cantidad de personas migrantes que son detenidas en territorio nacional obedece a la estrategia adoptada por el Gobierno Federal desde junio de 2019.
Al inicio de su administración el presidente López Obrador ofreció una política de mayor apertura hacia la migración irregular.
De hecho, uno de los programas anunciados al asumir el cargo fue ofrecer empleo a las personas migrantes que lo pidieran.
Sin embargo, a mediados de 2019 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles de hasta 25 por ciento a las importaciones mexicanas, si no se frenaba la ola de personas sin documentos que llegaba a la frontera sur del país.
A partir de ese momento cambió el escenario. El gobierno de López Obrador estableció el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, para restringir la llegada y salida de personas migrantes.
La estrategia contempla el despliegue mensual de más de 28 mil elementos del Ejército, la Marina y Guardia Nacional, apoyados por todos los elementos del INM.
Los militares y agentes civiles se ubican en por lo menos cuatro anillos de seguridad en el sureste mexicano, y otros dos en la región fronteriza con Estados Unidos.
El objetivo es claro: contener toda la migración. De hecho, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval reconoció la estrategia el 27 de agosto de 2021.
“En la frontera sur de nuestro país se han desarrollado una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas donde se tiene personal de la Secretaría de la Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea”, dijo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Todas estas actividades tienen diferentes objetivos, el principal: detener toda la migración, que es uno de los planes que se tienen”, añadió.
En el fondo, lo que se busca es restringir la llegada de personas migrantes a Estados Unidos, como lo reconoció el presidente López Obrador el 7 de septiembre de 2021.
“Si permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos” dijo en la conferencia de prensa matutina de ese día.
Es la primera vez que un presidente mexicano reconoce abiertamente un propósito de esa naturaleza, y que coincide con una vieja petición de la clase política estadounidense:
Que México sea una especie de muro al flujo migratorio que pretende llegar a Estados Unidos.
Cinco migrantes venezolanos fueron abandonados por unos “coyotes” en el archipiélago de San Andrés, mientras intentaban llegar a Nicaragua. Entre los afectados, se encuentra un niño de 2 años y una mujer en embarazo.
Uno de los migrantes le dijo a Blu Radio que estas personas, quienes les habían prometido que los sacarían de la isla a cambio de $1.200 dólares y dejarlos en Centroamérica, después de que recibieron el dinero, nunca más volvieron a saber de ellos, dejándolos a su suerte en Cayo Pescador, en frente de Alburqueque.
“A nosotros nos ofrecieron un viaje que nunca pudo ser completado. Al cayo llegamos por milagro de Dios, porque se apiadaron de que íbamos con una embarazada y un niño, pero lo perdimos todo”, dijo.
Además, relató para el mismo medio: “fuimos estafados por 1.200 dólares solo por querer cumplir ese sueño americano que muchos desean (…) para muchos es un sueño, pero para otros lo peor”.
Finalmente, fueron rescatados a través de una operación humanitaria efectuada por Guardacostas de San Andrés, quienes llamaron la atención sobre la situación, mencionando los riesgos que supone un viaje como este, en embarcaciones que no cuentan con las condiciones para realizar semejantes recorridos.
Así mismo, la Armada Nacional señaló que el cruce de migrantes en tales condiciones se ha hecho bastante frecuente, poniendo en riesgo la seguridad humana de quienes deciden arribar, ya que suelen ser tripulaciones con motores en mal estado, sin ningún tipo de norma marina y sin el respaldo de un ente de control.
Migración Colombia inauguró el primer puesto de verificación migratoria en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional en el primer Diálogo Fronterizo por la Vida, desarrollado con líderes migrantes y de poblaciones de acogida en noviembre pasado en Cúcuta.
Fernando García, director general de Migración Colombia, aseguró en W Radio que “es un puesto de verificación y lo que busca fundamentalmente, es poder atender a la población en general, en términos de la reglamentación e informar sobre las normas que rigen por parte del gobierno nacional en los aspectos migratorios”.
“Ha sido una petición de la población desde tiempo atrás, cuando el Gobierno Nacional decidió desarrollar un diálogo de frontera, donde participaron sectores de la población y diferentes instituciones del Estado; los tres niveles nacional, regional y local”.
“Comenzamos con lo que se había solicitado por parte de la población y fue un compromiso nuestro, durante una reunión con la población en Cúcuta, a partir del funcionamiento que se abre hoy para este puesto de verificación, lo que aspiramos es a fortalecerlo mucho más y que pueda facilitar definitivamente la interrelación entre los dos países y la población que vive al lado y lado de la frontera”, señaló.
El nuevo puesto se ubica en el Centro Integral Comunitario Papa Francisco, e inicia su atención con información a la población migrante venezolana, el servicio de biometría y la entrega de permisos por protección temporal (PPT).
Durante la inauguración, Migración Colombia también entregó 25 computadores al colegio rural La Serpentina y a la Institución Educativa Francisco José de Caldas.
Y en alianza con la ONG World Vision, la autoridad migratoria entregó cinco kits deportivos a niños, niñas y adolescentes.
Según el último censo realizado por el DANE en 2021, Tibú cuenta con 59.536 habitantes. Se ubica en el nordeste del país, en cercanías del Estado de Zulia (Venezuela) y es el tercer municipio con mayor presencia de población migrante venezolana en Norte de Santander, con 22.421.
La estrategia denominada ‘Programa ¡Hola Sésamo!’ está orientada a fortalecer en las niñas y niños de comunidades migrantes y de acogida sus identidades, su sentido de pertenencia y las competencias para la inclusión y la convivencia pacífica. La iniciativa arrancó en febrero y se extenderá hasta el próximo 30 de junio.
El programa es liderado por la Secretaría de Educación del Distrito en conjunto con la organización sin ánimo de lucro Sesame Workshop. Actualmente, se desarrolla en dos colegios en 30 aulas de grado transición en las instituciones Álvaro Gómez Hurtado en Suba y Ciudadela Educativa de Bosa.
En estos colegios se adelantó un proceso de formación y acompañamiento para docentes y coordinadores, al igual que talleres introductorios a las familias y cuidadores, en los que se abordaron temas asociados a la introducción del programa, objetivos y las temáticas a trabajar tanto con las niñas y los niños como en los encuentros con las familias, partiendo del reconocimiento de las propias emociones y su importancia en la interacción y el acogimiento del otro.
Estos espacios han agrupado a más de 690 niñas y niños con sus respectivas familias y 30 maestras y maestros de educación inicial.
Para el desarrollo de este proceso, se cuenta con material pedagógico enfocado, entre otros temas, al manejo de emociones, desarrollo de identidades positivas, sentido de pertenencia y participación comunitaria.
Se busca constituir este piloto en una herramienta efectiva que contribuya a fomentar en espacios escolarizados del Distrito Capital un mayor nivel de cohesión social en comunidades transformadas por el reasentamiento de poblaciones desplazadas por el fenómeno migratorio.
Se espera replicar el mismo piloto en el primer semestre de 2024 y de 2025, teniendo en cuenta los ajustes que hayan emergido a partir de la evaluación desarrollada luego del primer momento de pilotaje en 2023.
