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Comunicado Oficial

La Fundación Juntos Se Puede hace un llamado al Gobierno Nacional de Colombia y a los organismos multilaterales a defender la vida de miles de perseguidos políticos venezolanos que habitan no solo en Bogotá, sino en todo el territorio colombiano. Rechazamos de manera categórica el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra los ciudadanos venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, este último defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia.

Desde la Fundación Juntos Se Puede expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de quienes han debido abandonar Venezuela en busca de libertad y protección. El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia; y mientras sus ciudadanos se encuentren en territorio colombiano, el Estado debe garantizar plenamente sus derechos y su integridad.

Instamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería de Colombia a adelantar una investigación pronta, rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas y demás solicitantes de refugio que hoy enfrentan situaciones de riesgo.

Asimismo, hacemos un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy a acelerar los procesos de solicitud de refugio en el país, en pro de la protección efectiva de las personas perseguidas políticas venezolanas. Resulta indispensable que se adopten medidas especiales de protección para quienes han sido víctimas de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, entendiendo que, a través de redes transnacionales, se ha puesto en riesgo la vida de activistas, como lo evidencian el asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile y el atentado directo contra dos perseguidos políticos venezolanos en territorio colombiano.

Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas migrantes y refugiadas en Colombia. Desde la Fundación Juntos Se Puede, continuaremos trabajando incansablemente por la promoción y defensa del derecho a migrar, y por la construcción de un país solidario que brinde seguridad, protección y esperanza a quienes buscan en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida.

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2025
Fundación Juntos Se Puede

Tejiendo integración y dignidad para quienes migran en busca de paz

Este 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 para rendir homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder histórico del movimiento independentista indio y referente mundial del activismo pacífico. La jornada busca reforzar los principios de la paz, la tolerancia, la comprensión mutua y la solución no violenta de los conflictos.

Un principio necesario ante una realidad compleja

Hablar de no violencia en la actualidad exige mirar de frente a las realidades que muchas personas enfrentan a diario, no solo en contextos de guerra, sino en las múltiples formas de violencia estructural que persisten: la exclusión, la pobreza, la desigualdad, la xenofobia y la negación de derechos fundamentales.

Venezuela vive una crisis prolongada de institucionalidad, marcada por prácticas autoritarias, represión a la protesta, persecución de la disidencia y restricciones a las libertades fundamentales, según documenta la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

Millones de personas han visto sus vidas trastocadas. Más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en la última década, de las cuales 2,9 millones residen actualmente en Colombia, según cifras de Migración Colombia.

Esta movilidad humana ha implicado múltiples desafíos, pero también ha abierto oportunidades para promover respuestas solidarias, interculturales y basadas en derechos.

La violencia no siempre se ve, pero se siente

En el camino migratorio, la violencia también actúa en silencio: trámites inaccesibles, discriminación en el trabajo, obstáculos para acceder a la salud o la educación, estigmatización constante, o simplemente la indiferencia de quienes no escuchan.

Promover la no violencia exige más que rechazar la agresión física. También significa garantizar condiciones dignas, acompañar con empatía y crear entornos donde las personas puedan ejercer sus derechos sin miedo, sin barreras y sin exclusión.

Una apuesta por la dignidad

Desde la Fundación Juntos Se Puede, con presencia activa en Bogotá, trabajamos cada día para que la no violencia se traduzca en acciones concretas y sostenidas que protejan la dignidad humana en el contexto migratorio.

Nuestro compromiso abarca rutas de atención médica, apoyo psicosocial, caracterización individual, formación para el empleo, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento a mujeres en situación de violencia basada en género, servicios para la infancia y orientación en procesos de regularización migratoria. Todo esto bajo un modelo de atención integral, que busca reconocer la historia y los derechos de cada persona.

Durante estos seis años de trabajo hemos sido testigos de miles de historias marcadas por la resiliencia y el deseo de comenzar de nuevo. Para acompañarlas, ofrecemos herramientas como:

• La Ruta de Empleabilidad y Emprendimiento, donde muchas personas han mejorado sus oportunidades laborales o desarrollado negocios propios.
• La Ruta de Documentación y Acceso a Derechos, que orienta sobre PPT, RUMV, nacionalidad, visas, Sisbén, RUT, entre otros.
• La Ruta Psicosocial y Legal, que brinda apoyo emocional, acompañamiento jurídico y asesoría en casos de violencia, migración, refugio o situación irregular.
• Nuestra Escuela “Tejiendo Creatividad”, que en el mes de septiembre egresó a 22 diseñadoras migrantes y colombianas con formación en remanufactura y moda sostenible, como parte de una propuesta de integración con enfoque económico y ambiental.
• Jekua, nuestra asistente virtual, que facilita el acceso a información clara desde WhatsApp para cientos de familias migrantes.

En Juntos Se Puede, creemos que promover la no violencia no es solo rechazar la agresión física o simbólica. Es también abrir caminos de acompañamiento con empatía, garantizar condiciones dignas y construir entornos donde cada persona pueda vivir sin miedo ni discriminación.

Hoy reafirmamos:

📍 Que toda persona, sin distinción, merece ser escuchada y protegida.
📍 Que migrar no es delito, y acompañar dignamente es un acto de paz.
📍 Que la no violencia empieza por garantizar condiciones de vida sin exclusión

Bogotá, 9 de septiembre de 2025.

La Fundación Juntos Se Puede dio un paso decisivo hacia la transformación digital de sus servicios sociales con el lanzamiento de JEKUA, un bot de atención inmediata disponible en WhatsApp que busca facilitar la comunicación con miles de personas migrantes y comunidades de acogida en Colombia.

Inspirada en la experiencia de quienes llegan a un nuevo país y necesitan información confiable, JEKUA es “migrante como tú”, una aliada digital que orienta de manera rápida, clara y sencilla sobre temas clave como:

• Talleres y actividades semanales.
• Horarios y servicios disponibles.
• Ubicación de la Fundación.
• Inscripciones y rutas de atención.

Con solo enviar un mensaje al número 322 514 2181, los usuarios pueden interactuar con el bot y acceder a la información con un sistema de respuestas automáticas guiadas. “💬 Jekua no conversa, orienta. 📲 Y lo hace rápido, desde WhatsApp”, destacan desde la organización.

Innovación con sentido social

Este desarrollo reafirma el compromiso de la Fundación Juntos Se Puede con la inclusión digital y la innovación social, integrando herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad. En caso de que el bot no pueda resolver una consulta, conecta de inmediato con un miembro del equipo humano, asegurando que nadie se quede sin respuesta.

“JEKUA es más que un asistente: es un símbolo de cómo la tecnología puede estar al servicio de la gente. Queremos que cada persona encuentre respuestas sin complicaciones y sienta que hay alguien —humano o digital— dispuesto a guiarla en su proceso de integración”, señaló la dirección de la Fundación.

Un paso hacia el futuro de la atención comunitaria

Con este lanzamiento, Juntos Se Puede fortalece su apuesta por mejorar la comunicación, optimizar recursos y llegar a más personas, consolidándose como referente en la integración de la población migrante en Colombia.

La organización invita a la comunidad a saludar a JEKUA y descubrir esta nueva forma de interacción escribiendo a WhatsApp: 322 514 2181.

El 3 de septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a personas venezolanas bajo la designación de 2021.

Esta medida implica que, a partir del 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m., quienes no hayan logrado regularizar su estatus migratorio de otra manera perderán su protección legal, quedando en situación irregular dentro del país.

¿Qué significa esto para las personas afectadas?

La cancelación del TPS puede tener consecuencias severas.

En primer lugar, muchas personas quedarían expuestas a detención o deportación.
Además, podrían perder sus permisos de trabajo y el acceso a servicios básicos.
Como consecuencia, se incrementa el riesgo de separación familiar y la vulnerabilidad frente a abusos o explotación.
Finalmente, muchas se verían obligadas a retornar a un país donde todavía no existen condiciones seguras para vivir.

Actualización clave: fallo judicial revierte la medida ¿Acatará la administración de Trump?

En una decisión de alto impacto, el juez Edward Chen bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos. El magistrado concluyó que dicha terminación:

• Fue predeterminada, sin análisis genuino del contexto.
• Se sustentó en justificaciones falsas.
• Excedió la autoridad legal del Secretario de Seguridad Nacional.
• Fue una medida arbitraria y caprichosa.

Aunque esta decisión judicial podría brindar un alivio temporal, la incertidumbre migratoria continúa, especialmente para quienes aún no han logrado regularizar su estatus por otras vías.

Un regreso forzado puede poner vidas en peligro

Desde el punto de vista del derecho internacional, obligar a una persona a retornar a un territorio donde puede enfrentarse a persecución, violencia o condiciones de vida indignas, puede constituir una violación al principio de no devolución (non-refoulement).

Este principio está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y ha sido reafirmado por la Declaración de Cartagena de 1984, ampliamente adoptada en América Latina.

Cartagena reconoce como refugiadas a personas que huyen de contextos de violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos o colapso institucional, condiciones aún presentes en Venezuela.

Colombia: un retorno con desafíos

Para muchas personas, regresar a Venezuela puede significar exponerse a contextos de riesgo.

Sin embargo, retornar a Colombia también puede ser una alternativa viable para quienes ya han tenido vínculos con el país, cuentan con redes familiares o buscan reconstruir su vida en un entorno con mayores garantías institucionales.

Colombia ha mantenido una política de protección temporal para la población venezolana y, aunque los desafíos persisten, existen redes de apoyo que pueden facilitar el proceso de integración, orientación y protección.

Desde Juntos Se Puede reafirmamos nuestro compromiso

En este contexto, Juntos Se Puede hace un llamado urgente a priorizar los derechos humanos de las personas afectadas por esta cancelación. La migración venezolana no puede seguir enfrentándose a cierres sin opciones.

Si eres una persona retornada, migrante o refugiada venezolana que considera venir a Colombia o ha sido afectada por la cancelación del TPS:
• Te brindamos orientación jurídica, psicosocial y comunitaria.
• Acompañamos tu proceso de integración desde el Modelo 360 de atención.
• Defendemos tu derecho a reconstruir la vida en condiciones de dignidad.

Puedes comunicarte con nuestro equipo a través del número 3225142181 (WhatsApp)
Síguenos en redes sociales: @funjuntossepuede

Migrar es un derecho. Retornar también debe hacerse con garantías.
Estamos aquí para tender el puente.

El nuevo PEP Tutor permitirá a adultos responsables de menores migrantes acceder a un estatus legal en el país, garantizando protección e integración social para miles de familias.

Con el objetivo de proteger a la niñez migrante venezolana y fortalecer la integración de sus familias en Colombia, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha puesto en marcha el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales y/o Custodios (PEP Tutor).

Este nuevo documento migratorio permite a tutores o representantes legales acceder a un estatus regular en el país, facilitando así su permanencia legal, el acceso a servicios esenciales y la garantía de derechos fundamentales.

El mecanismo está sustentado en el Decreto 1209 de 2024 y la Resolución 2451 de 2025, y su implementación será progresiva, comenzando en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Maicao, Pasto, Cali, Cúcuta y Arauca.

¿Cómo tramitar el PEP Tutor en Colombia?

El PEP Tutor (Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales y/o Custodios) es una herramienta creada por Migración Colombia para regularizar la situación migratoria de adultos responsables de niños y niñas venezolanos.

El proceso es totalmente en línea, personal y gratuito, sin necesidad de intermediarios. A continuación, te explicamos el paso a paso.

1. Registro en línea

Ingresa al portal oficial de Migración Colombia y completa el Formulario Único de Trámites (FUT) con tus datos personales.

2. Sube tus documentos

Adjunta los documentos que demuestren tu condición de tutor legal o custodio del menor migrante. Asegúrate de que estén legibles y actualizados.

3. Diligencia la encuesta socioeconómica

Responde el formulario de caracterización socioeconómica para registrar tu situación económica y social actual.

4. Agenda tu cita presencial

Selecciona una fecha y ciudad para asistir a una validación presencial y realizar el registro biométrico. Este paso es obligatorio.

5. Asiste a la validación

Preséntate con los documentos originales en el punto de atención elegido para validar la información cargada.

6. Migración Colombia analiza tu solicitud

Tu caso será evaluado en un plazo máximo de 30 días calendario. Si falta algún requisito, te lo notificarán para subsanarlo.

7. Realiza el pago del trámite

Si tu solicitud es aprobada, recibirás un enlace para pagar $65.000 COP. Este valor es obligatorio para expedir el documento.

8. Retira tu PEP Tutor

El PEP Tutor se emitirá en un plazo máximo de 90 días y deberás retirarlo de manera presencial en los siguientes 6 meses. Si no lo haces, el documento se anulará.

Beneficios del PEP Tutor

Las personas titulares de este documento podrán:
• Permanecer legalmente en Colombia hasta el 30 de mayo de 2031.
• Acceder al sistema de salud y pensiones.
• Validar títulos profesionales.
• Tramitar licencias de conducción.
• Identificarse ante entidades públicas y privadas.
• Contratar productos y servicios financieros.
• Ingresar y salir del país cumpliendo los requisitos migratorios regionales.

¿Qué pasa cuando se vence el permiso?

El PEP Tutor no es prorrogable. Las personas que deseen permanecer en Colombia después del 2031 deberán iniciar el proceso de solicitud de una visa tipo R (residente), ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Compromiso institucional

El Decreto establece que las entidades públicas y privadas del país (educación, salud, tránsito, banca, entre otras) deberán ajustar sus plataformas para aceptar el PEP Tutor como documento válido, facilitando el acceso a servicios y el ejercicio de derechos sin discriminación.

Desde Juntos Se Puede, celebramos esta medida que fortalece el compromiso del Estado colombiano con la niñez migrante y sus familias. Seguiremos acompañando este proceso desde el terreno, brindando orientación, apoyo y herramientas comunitarias para que cada niño y niña crezca en condiciones de dignidad.

Requisitos para aplicar

Para ser beneficiario del PEP Tutor, es necesario cumplir con los siguientes criterios:
• Ser nacional venezolano.
• Ser tutor legal o custodio de una niña, niño o adolescente con Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente.
• Que el PPT del menor haya sido expedido o que esté registrado en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) hasta el 31 de diciembre de 2023.
• No tener antecedentes penales, sanciones migratorias, ni contar con una visa o un PPT vigente a título personal.

¿Pueden aplicar los padres o representantes legales de niños venezolanos?

Sí. Pueden aplicar los padres, madres o representantes legales de niñas, niños o adolescentes venezolanos cuyo PPT haya sido expedido o cuyo registro en el RUMV haya sido realizado hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esa es la fecha clave: si el menor recibió su PPT antes o fue registrado en el sistema hasta el 31 de diciembre de 2023, sus tutores legales pueden iniciar el trámite del PEP Tutor. De lo contrario, no serán elegibles.

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago detuvo el jueves por la noche (a las
22:00 horas locales, equivalente a las 02:00 GMT del viernes) una embarcación que
transportaba a veinte personas de nacionalidad venezolana cerca de la península de
Cedros, al suroeste de la isla de Trinidad.

El grupo interceptado estaba compuesto por seis hombres y seis mujeres adultos,
cuyas edades oscilan entre los 25 y los 41 años, y ocho menores de entre 5 y 17 años .
Durante la inspección, los guardacostas hallaron diversos productos en la embarcación:
32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carne, una jaula que contenía catorce
pájaros tipo camachuelo, tres paquetes transparentes con una sustancia blanca en
polvo y cinco cubos con morcilla y salchichas de. La Unidad de Investigaciones
Especiales confirmó que la sustancia en polvo no era una droga ilícita.

Tras la detención, los migrantes fueron interrogados por guardacostas, agentes de
inmigración y miembros de la Unidad de Control de Inmigración . La embarcación fue
escoltada hasta la bahía Staubles para su resguardo, mientras los detenidos quedaron
bajo custodia en la comisaría de Cedros.

Fuente: https://noticiasdeaqui.co/2025/08/15/detienen-a-veinte-migrantes-venezolanos-a-bordo-de-una-embarcacion-en-trinidad-y-tobago/

La Asociación Venezolana de Massachusetts, junto con el grupo progresista Democracy Forward y tres migrantes, presentó una demanda en un tribunal federal de Boston contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Los demandantes denuncian que la administración de Donald Trump, junto con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, puso fin de forma “repentina e ilegal” al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

Según la demanda, en abril el DHS envió un correo masivo a beneficiarios del TPS indicando que “es hora de abandonar Estados Unidos”. Los afectados sostienen que cuentan con permisos de trabajo y documentos vigentes que les otorgan derecho legal a permanecer en el país, y que la revocación debe evaluarse caso por caso para no desestabilizar vidas ni exponerlos a deportación.

La medida ha sido objeto de un prolongado litigio. El TPS fue otorgado en 2021 por el entonces presidente Joe Biden, prorrogado en 2023, y posteriormente revertido por Noem tras la llegada de Trump a la presidencia. En abril, un juez federal bloqueó temporalmente la cancelación, pero el Tribunal Supremo levantó esa orden en mayo, permitiendo continuar con el proceso. Sin embargo, fallos posteriores han limitado los efectos retroactivos de la medida.

Democracy Forward acusa a la administración Trump de actuar con “crueldad y persecución hacia personas vulnerables”, mientras el DHS defiende que la demanda busca impedir la aplicación de la ley migratoria y mantener en el país a cientos de miles de “extranjeros ilegales”. El caso sigue en disputa, con apelaciones activas en el Noveno Circuito.

Fuente: Yahoo noticias

Según la organización de venezolanos en Massachusetts, presentó una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos Presidido por el actual mandatario Donald Trump al revocar el programa CBP-One dónde fueron beneficiados más de 900.000 personas de distintas nacionalidades, en su mayoría latinoamericanos.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, argumenta que esta decisión amenaza con desestabilizar a familias que llegaron cumpliendo todas las reglas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según relato del comunicado destacaron: «Como organización, hemos presenciado de primera mano el daño directo que esta repentina política infringe a las personas que llegaron legalmente. Cumplieron con todos los requisitos del DHS, incluido el proceso de CBP-One, que se esforzaron por construir una vida estable para sus familias», indicaron.

El programa CBP-One, implementado en 2023, requería que los no ciudadanos que buscaban asilo u otro alivio migratorio utilizaran una aplicación móvil para programar citas en los puertos de entrada. Tras la inspección de funcionarios de inmigración, a algunos se les concedía el parole humanitario, un permiso temporal para residir legalmente en el país.

La organización demandante sostiene que «Reiteramos la libertad condicional y la autorización de trabajo sin una revisión individualizada. No solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal», afirmaron.

El Departamento de Seguridad Nacional notificó a miles de beneficiarios en abril de 2025 que debían abandonar Estados Unidos de forma inmediata, una decisión que ha generado preocupación y controversia entre las comunidades de migrantes y las organizaciones que los apoyan.

La demanda busca revertir esta decisión y proteger los derechos de los migrantes que ingresaron al país cumpliendo con todos los requisitos legales. La organización venezolana ha expresado su compromiso de «apoyarlos y luchar para garantizar la protección de sus derechos.»

España alcanzó un nuevo máximo histórico de población al registrarse 49 315 949 personas residentes al 1 de julio de 2025, según los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento demográfico se produjo principalmente durante el segundo trimestre del año, periodo en el que la población creció en 119 811 ciudadanos

El motor principal de este aumento fue la inmigración. El número de personas nacidas en el extranjero creció en 95 277, llegando a 7 050 174 residentes extranjeros, mientras que la población de nacionalidad española aumentó en 24 534, en gran parte por adquisiciones de nacionalidad . Al mismo tiempo, se registró una disminución de 18120 nacimientos en España, lo que evidencia una continuidad de la tendencia de crecimiento migratorio como principal impulso demográfico .

Las nacionalidades más numerosas entre quienes llegaron al país en ese periodo fueron la colombiana (36 100 personas), seguida de la marroquí (25 000) y la venezolana (21 600)

Créditos: https://www.huffingtonpost.es/politica/la-inmigracion-lleva-espana-nuevo-maximo-poblacion-493-millones-personasbr.html

El País – 2 de agosto de 2025

El Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a unos 300 000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos no ha sido renovado automáticamente, generando preocupación e incertidumbre entre los beneficiarios. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía como fecha límite el pasado 12 de julio para anunciar una renovación, hasta ahora no se ha emitido ninguna decisión oficial. Si no hay cambios, esta protección vencerá el próximo 10 de septiembre de 2025.

Organizaciones como el Venezuelan American Caucus han alertado sobre la falta de comunicación clara y el aumento de la confusión entre quienes dependen de este programa migratorio para trabajar y permanecer legalmente en el país. A diferencia de lo ocurrido con otras nacionalidades protegidas, el TPS venezolano de 2021 no ha recibido una extensión automática de validez, lo que complica aún más la situación.

Actualmente, hay un proceso legal abierto ante el Noveno Circuito de Apelaciones que podría extender las protecciones del TPS tanto para el grupo de 2021 como para el grupo de venezolanos que recibió TPS en 2023. Si el tribunal falla a favor de los demandantes, la validez del TPS podría prolongarse hasta octubre de 2026.

Por otro lado, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití cuentan con TPS vigentes hasta septiembre de 2026, según comunicados anteriores del DHS. En estos casos, también se han extendido de forma automática los permisos de trabajo. Sin embargo, la mayoría de estos países enfrentan su propio grado de incertidumbre respecto a futuras renovaciones.

El TPS es un programa migratorio creado para proteger a personas de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro. En el caso de Venezuela, los motivos fueron principalmente la crisis humanitaria y política.

Los expertos recomiendan que los beneficiarios del TPS venezolano se mantengan informados a través de canales oficiales y consulten con asesores legales en caso de necesitar renovar sus permisos de trabajo o buscar otras vías migratorias.

Para leer la nota completa clic aquí:https://elpais.com/us/migracion/2025-08-02/el-tps-otorgado-a-los-venezolanos-en-2021-no-ha-sido-renovado-automaticamente-cual-es-el-estatus-para-otros-paises-beneficiados-con-el-programa.html