La migración venezolana impulsa la economía colombiana: un llamado a políticas sostenibles de inclusión y regularización
La migración venezolana en Colombia no solo representa un desafío humanitario, sino también una oportunidad real de desarrollo económico y social. Así lo evidencia el reciente informe “Inclusión laboral y socioeconómica de la población migrante en Colombia: avances y pendientes”, elaborado por la Fundación Santo Domingo y la Fundación ANDI.
El estudio muestra que el 80 % de la población migrante venezolana en edad laboral ya participa activamente en el mercado de trabajo colombiano, una cifra que confirma su rol como fuerza productiva y no como carga. Sin embargo, más del 60 % continúa en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a derechos laborales, estabilidad y protección social.
La integración como oportunidad y desafío
Según el informe, las personas migrantes no desplazan mano de obra local, sino que la complementan y dinamizan sectores estratégicos como el comercio, los servicios, la construcción y la economía del cuidado. En ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, su participación ha impulsado el consumo interno, el emprendimiento y la diversificación productiva.
Ejemplos concretos confirman este impacto positivo: empresas como Claro Colombia y Pavco Wavin implementaron programas de formación dual y empleabilidad inclusiva, integrando a personas migrantes en sus equipos, con resultados medibles en productividad, innovación y clima laboral.
A pesar de estos avances, la realidad actual muestra que el proceso de regularización enfrenta un nuevo desafío. Si bien Colombia venía siendo referente regional por el Permiso por Protección Temporal (PPT), en la actualidad su implementación está suspendida y ha dejado por fuera a quienes han llegado en las últimas oleadas migratorias.
Una lectura desde Juntos Se Puede
Desde la experiencia comunitaria en Bogotá, Juntos Se Puede reafirma que los hallazgos del informe coinciden con lo que se observa diariamente en terreno: las personas migrantes quieren quedarse, trabajar y aportar, pero se enfrentan a un escenario institucional cada vez más restrictivo.
El debilitamiento de las rutas de regularización y la falta de reconocimiento de títulos o permisos de trabajo impactan directamente la inclusión socioeconómica y la seguridad de las familias migrantes. Sin embargo, las historias que acompañamos demuestran que la integración es posible cuando hay voluntad y políticas sostenidas.
Desde Juntos Se Puede sostenemos que la migración no es un problema si se canaliza con humanidad, visión y políticas públicas efectivas. Cada persona regularizada, empleada o emprendedora representa una historia de dignidad y aporte para Colombia. Por ello, la fundación reitera su llamado a fortalecer políticas de inclusión laboral, salud, educación y emprendimiento, entendiendo que regularizar no es un trámite, sino una apuesta por el desarrollo humano y económico del país.
Conclusión
El informe confirma que la integración migrante no es un asunto asistencial, sino de desarrollo. La población venezolana ha demostrado resiliencia, capacidad productiva y voluntad de aportar.
Acompañar este proceso con políticas sostenibles, cooperación internacional y compromiso empresarial es la única vía para que la migración deje de verse como emergencia y se asuma como una oportunidad para construir un futuro compartido.
