Cancelación del TPS otorgado en 2021 dejaría en riesgo a miles de personas venezolanas en Estados Unidos
El 3 de septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a personas venezolanas bajo la designación de 2021.
Esta medida implica que, a partir del 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m., quienes no hayan logrado regularizar su estatus migratorio de otra manera perderán su protección legal, quedando en situación irregular dentro del país.
¿Qué significa esto para las personas afectadas?
La cancelación del TPS puede tener consecuencias severas.
En primer lugar, muchas personas quedarían expuestas a detención o deportación.
Además, podrían perder sus permisos de trabajo y el acceso a servicios básicos.
Como consecuencia, se incrementa el riesgo de separación familiar y la vulnerabilidad frente a abusos o explotación.
Finalmente, muchas se verían obligadas a retornar a un país donde todavía no existen condiciones seguras para vivir.
Actualización clave: fallo judicial revierte la medida ¿Acatará la administración de Trump?
En una decisión de alto impacto, el juez Edward Chen bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos. El magistrado concluyó que dicha terminación:
• Fue predeterminada, sin análisis genuino del contexto.
• Se sustentó en justificaciones falsas.
• Excedió la autoridad legal del Secretario de Seguridad Nacional.
• Fue una medida arbitraria y caprichosa.
Aunque esta decisión judicial podría brindar un alivio temporal, la incertidumbre migratoria continúa, especialmente para quienes aún no han logrado regularizar su estatus por otras vías.
Un regreso forzado puede poner vidas en peligro
Desde el punto de vista del derecho internacional, obligar a una persona a retornar a un territorio donde puede enfrentarse a persecución, violencia o condiciones de vida indignas, puede constituir una violación al principio de no devolución (non-refoulement).
Este principio está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y ha sido reafirmado por la Declaración de Cartagena de 1984, ampliamente adoptada en América Latina.
Cartagena reconoce como refugiadas a personas que huyen de contextos de violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos o colapso institucional, condiciones aún presentes en Venezuela.
Colombia: un retorno con desafíos
Para muchas personas, regresar a Venezuela puede significar exponerse a contextos de riesgo.
Sin embargo, retornar a Colombia también puede ser una alternativa viable para quienes ya han tenido vínculos con el país, cuentan con redes familiares o buscan reconstruir su vida en un entorno con mayores garantías institucionales.
Colombia ha mantenido una política de protección temporal para la población venezolana y, aunque los desafíos persisten, existen redes de apoyo que pueden facilitar el proceso de integración, orientación y protección.
Desde Juntos Se Puede reafirmamos nuestro compromiso
En este contexto, Juntos Se Puede hace un llamado urgente a priorizar los derechos humanos de las personas afectadas por esta cancelación. La migración venezolana no puede seguir enfrentándose a cierres sin opciones.
Si eres una persona retornada, migrante o refugiada venezolana que considera venir a Colombia o ha sido afectada por la cancelación del TPS:
• Te brindamos orientación jurídica, psicosocial y comunitaria.
• Acompañamos tu proceso de integración desde el Modelo 360 de atención.
• Defendemos tu derecho a reconstruir la vida en condiciones de dignidad.
Puedes comunicarte con nuestro equipo a través del número 3225142181 (WhatsApp)
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Migrar es un derecho. Retornar también debe hacerse con garantías.
Estamos aquí para tender el puente.
